El PP afirma que los Presupuestos consagran la «desigualdad» entre ciudadanos

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, cargó ayer contra el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, aprobado la víspera por el Consejo de Ministros y que el próximo martes llegará a la Cámara Baja para iniciar su tramitación parlamentaria. Afirmó que el texto rompe con la exigencia constitucional de garantizar la cohesión territorial y que «consagra la desigualdad entre los ciudadanos en función del lugar en el que vivan», en alusión a las inversiones destinadas a Cataluña en base a su nuevo Estatuto de autonomía. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, defendió el proyecto y subrayó que las cuentas públicas planteadas proporcionarán a las arcas públicas un «superávit sin precedentes». Zaplana aseguró que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, «se ha limitado a justificar la defensa de los intereses de Cataluña» sin detallar ni explicar los pormenores del texto. En la presentación del proyecto de ley, el propio Solbes subrayó que las cuentas «respetarán escrupulosamente» el Estatuto catalán, que establece que la región deberá recibir inversiones en infraestructuras en igual proporción a su aportación al Producto Interior Bruto (PIB). Esto es, un 18,8% del total. El portavoz popular expresó su temor ante lo que calificó de «insolidaridad manifiesta». «No critico que se hable de más o menos dinero, sino que se tenga que entregar porque sí, sin necesidad de justificar a qué se va a destinar o cuáles son las necesidades reales», dijo. Subrayó que se «abre un peligroso callejón sin salida» en el que si todas las regiones reclaman el mismo trato que Cataluña, las más desfavorecidas estarían condenadas a no mejorar nunca su nivel de vida. Enmienda Zaplana, que adelantó que su partido presentará una enmienda a la totalidad del texto, destacó que los Presupuestos desoyen las advertencias europeas sobre el nivel de inflación en España. Además, según sus cálculos, la presión fiscal (la parte de los ingresos de los ciudadanos recaudada por el Estado en concepto de impuestos y cotizaciones) aumentará en 500 euros por persona.