El Gobierno mejora la coordinación entre el Banco de España y el fisco

El Gobierno, conscientes de las dificultades crecientes en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, ha decidido «obligar» al Banco de España y a la Agencia Tributaria a mejorar su coordinación en esas tareas, ya que hasta ahora no era la mejor. Con este mismo fin, el Ministerio de Economía y Hacienda también va a ampliar la lista de sociedades y personas físicas sujetas a medidas de prevención. Así, además de las entidades financieras tradicionales, se incluirá a las emisoras de tarjetas de crédito, las aseguradoras y las agencias de valores, se incluyen las sociedades de inversión colectiva y de capital-riesgo, junto a las gestoras de carteras y de fondos de pensiones. Estas modificaciones figuran en sendas enmiendas introducidas por el PSOE al proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, que será sometido a votación por el Pleno del Senado el miércoles próximo antes de volver al Congreso de los Diputados, donde pasará su último examen a principios de noviembre. Unas de las novedades afecta de forma directa al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Banco de España, al que se insta a enviar con mayor celeridad, tanto a Hacienda como a las Fuerzas de Seguridad del Estado, cualquier información que obtenga en su actuación diaria. En concreto, dicho organismo habrá de transmitir esos datos «en el momento de su obtención y mediante la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos». El Ministerio justifica esta instrucción, dirigida en especial a los pagos anónimos, en «razones de eficacia administrativa», pues hoy en día ese tipo de comunicaciones tienen un carácter periódico bastante dilatado (dos o tres veces al año), lo que -en opinión de los expertos- hace que se pierda un tiempo bastante valioso a la hora de profundizar en la investigación y evitar la posible ocultación de pruebas. «Simplificar» tareas Otro de los objetivos que se busca con estos cambios es «simplificar» la carga administrativa que se deriva de separar en exceso los envíos de información. En la actualidad, todas las entidades financieras están obligadas a remitir de forma periódica al Banco de España los datos de sus operaciones cuando éstas superen una cuantía determinada (10.000 euros para las entradas y salidas por frontera, y 100.000 en el caso de los movimientos internos) así como a facilitar las identidades de quienes intervengan en ellas. En el 2004 -último año del que se tienen cifras oficiales- el instituto supervisor recibió un total de 2.296 avisos de posibles casos de blanqueo de capitales, casi un 44% más que el año anterior. En total, las autoridades se incautaron de 26,7 millones de euros por incumplimiento de la normativa a este respecto, y se impusieron sanciones por valor de 1,1 millones de euros. Los técnicos de Hacienda han criticado, sin embargo, que este aumento de los controles sobre determinados colectivos no se haya extendido a quienes operan con billetes de 500 euros, en cuyo número creciente (su atesoramiento en España se incrementó casi un 35% en el 2005, hasta alcanzar los 100 millones de unidades, más de una cuarta parte de los cuales se emiten en la 'zona euro') ven «un síntoma claro» de que la economía sumergida está en auge. Por este motivo, IU ha pedido crear un censo tributario sobre las personas y entidades que manejan este tipo de monedas, medida que ha rechazado el Gobierno.