Acciona invierte otros 140 millones en Endesa y ya controla el 20%
El consejo de administración de Endesa pasó ayer de puntillas por la opa de E.On, aunque ve positiva la entrada en liza del grupo alemán y contempla con buenos ojos su plan industrial y de inversiones, así como el anuncio de que mantendrá la plantilla. Eso sí, cree que nada le fuerza a pronunciarse todavía sobre el precio. Los consejeros de Endesa, tras recabar la opinión de sus asesores financieros, se han escudado en que el compromiso irrevocable de pagar 35 euros por acción no ha pasado de la fase de anuncio, al estar paralizado el proceso por los tribunales, y, en consecuencia, no entran a considerar si les parece adecuado o no. Con todo, anteriormente no han dudado en afirmar que la compañía vale más. Aprovechando este tiempo muerto , el grupo constructor Acciona ha alcanzado el 20% de Endesa tras comprar un 0,37% adicional por 139,82 millones, con lo que el importe de su inversión ya asciende a 7.150 millones de euros. La constructora se consolida como primer accionista de la eléctrica, por delante de Caja Madrid, que tiene el 9,93%. No está confirmada la entrada en el capital de Endesa de otros nuevos propietarios, como el también constructor Manuel Jové, presidente de Fadesa, que podría ayudar a obstaculizar la opa alemana y no tiene la obligación de comunicar su adquisición mientras no alcance el 5%. Los movimientos en el sector no paran. Iberdrola ultima la compra de Scottish Power y espera poder presentar su oferta en los próximos días. El comité ejecutivo de la eléctrica se reunió ayer y los gestores de la compañía pudieron transmitir a algunos de sus accionistas el estado de las negociaciones. El presidente, Ignacio Galán, también tiene al tanto a ACS, principal propietario con un 10%, pero que no forma parte del órgano de gobierno por su posición de control en Unión Fenosa. El desbloqueo de las opas sobre Endesa ha empezado a avanzar muy lentamente. La sala tercera del Tribunal Supremo ha trasladado a las partes personadas -Gas Natural, Iberdrola y el Gobierno, entre ellas- la petición de la eléctrica de que se modifiquen o levanten las medidas cautelares, y les da un plazo de diez días, que concluirá el 7 de diciembre, para presentar sus alegaciones.