Bruselas advierte que las trabas a la opa de E.On todavía son ilegales

La Comisión Europea advirtió ayer al Gobierno español que las nuevas condiciones que impuso el pasado 3 de noviembre la Comisión Nacional de la Energía a la eléctrica alemana E.On para hacerse con la española Endesa siguen siendo ilegales, y le dio de plazo hasta el 13 de diciembre para retirarlas definitivamente. «Si no lo hacen, entonces la Comisión decidirá qué es lo que hace al respecto», aseguró el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, quien, sin embargo, rechazó que Bruse-las ya tenga decidido que, en ese caso, demandará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ésa es una posibilidad que el Ejecutivo socialista da prácticamente por segura, tal y como reconoció el propio vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, durante la visita que realizó a la capital belga el pasado martes. Según el portavoz de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, las nuevas condiciones que España quiere imponer a la opa de E.On sobre Endesa siguen siendo contrarias a las normas de libre mercado de la Unión, especialmente en lo que se refiere a la libre competencia, la libre circulación de capitales e incluso la libre circulación de mercancías. Todd puso como ejemplo el veto de diez años que impide a E.On vender determinados activos de Endesa en Canarias, Ceuta y Melilla; así como los compromisos de mantener intacta la marca comercial, seguir comprando el carbón que alimenta las centrales térmicas de la eléctrica española a los mismos proveedores nacionales que ahora, y no derivar a otros países el gas producido en España. Aunque E.On se había mostrado dispuesta a cumplir esas exigencias, a juicio de Bru-selas, «todo eso es incompati-ble con el Tratado de la UE». Obstáculos La Comisión ya había declarado en septiembre pasado que 18 de las 19 condiciones iniciales que la CNE impuso a la opa eran ilegales por ser claramente contrarias a la normativa europea de fusiones. Aquella medida movió a España a retirar los obstáculos más polémicos, entre ellos la imposición de que E.On debía deshacerse de determinados negocios de Endesa. Sin em-bargo, mantuvo otros como una acción de oro en Endesa idénti-ca a la que el Gobierno alemán posee en Rhürgas, la estratégica filial de gas de E.On. Dictamen La decisión de dar a España otras dos semanas de plazo para explicar sus argumentos o retirar definitivamente las trabas a la opa está basada en un dictamen preliminar que, sin embargo, y frente a lo que suele ser habitual en los procedimientos comunitarios de infracción en materia de competencia, no ha dado lugar a un dictamen motivado, que sería el paso administrativo inmediatamente anterior a la demanda ante la Justicia europea. Frente a eso, Bruselas ha preferido dar a España un nuevo plazo, quizá consciente de que las condiciones del Gobierno a la opa en ningún caso constituyen un veto que impida llevar a la práctica la operación, y de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dispone de un poderoso argumento para defender su modo de actuar: no se puede amonestar a España por proteger su sector energético de una fusión que en ningún caso podría llevarse a cabo si fuera una empresa española la que quisiera hacerse con E.On, dado que la legislación alemana mantiene blindada desde hace tiempo su industria eléctrica contra ese tipo de operaciones. Tribunal de Luxemburgo El ministro de Economía, Pedro Solbes, afirmó que el Gobierno español considera que lo «fundamental» en este caso era «posibilitar la opa» de E.On, un procedimiento que ya está en marcha en lo que afecta al Gobierno, y recordó que el grupo alemán ha aceptado las condiciones. Solbes señaló que la CE ha insistido en su visión de que las condiciones impuestas por Industria no están necesariamente vinculadas con la seguridad del suministro y no descartó que en este debate se pueda llegar a Luxemburgo. Sin embargo, «ésta es una dinámica totalmente diferente y no afectaría a la evolución de la opa», dijo. El portavoz de Economía del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, afirmó hoy que el anuncio hecho hoy por la CE supone el «enésimo revolcón» que recibe el Gobierno durante la opa. Tanto E.On, que ha aceptado las condiciones de Industria, como Endesa rehusaron hacer comentarios sobre la decisión de la CE.