El Estado financia nueve viviendas protegidas por cada una autonómica

El Ministerio de Vivienda financia nueve de cada diez pisos de protección oficial (VPO) de nueva construcción en el conjunto del país frente a un escaso 10% que corre a cargo de los presupuestos autonómicos. Así lo explican fuentes del departamento de María Antonia Trujillo en base a los últimos datos disponibles (2005). Números que revelan además que el Estado promueve el 100% en más de la mitad de España frente a la inactividad en ese campo de las administraciones regionales, que dedican su dinero a otras figuras dentro de sus planes urbanísticos. En el caso de Castilla y León, el Estado promueve 3.629 viviendas protegidas frente a 1.675 de la Junta, lo que supone algo más de dos tercios para el Ministerio y algo menos de uno de cada tres en el caso de la administración autonómica. A la cara en la gestión del Ministerio se contrapone una gran cruz a nivel nacional: La Sociedad Pública de Alquiler. La SPA debe multiplicar por tres su eficacia y cerrar 4.500 contratos antes de octubre si quiere cumplir los objetivos comprometidos ante el Congreso. Desde hace varios meses y en un claro mensaje a navegantes, María Antonia Trujillo subraya que el Estado promueve el 90% de las nuevas VPO. En concreto y para el ejercicio 2005, 65.148 pisos frente a las 15.279 casas que financiaron las comunidades autónomas y a las que hay restar las 8.232 responsabilidad del País Vasco y Navarra, que siguen una relación con el Plan de Vivienda distinta al resto. Si se suman las viviendas de los regímenes forales, la proporción es de ocho estatales frente a dos regionales. El Ministerio afirma que las autonomías apenas incluyen en sus planes figuras (tipos de actuaciones) subvencionadas distintas a las del plan estatal, con lo que obtienen de éste la financiación necesaria para sacar adelante la mayoría y dejan sus recursos para otras iniciativas más específicas de cada región. Siete comunidades, a cero El clásico piso protegido de nueva construcción corre a cargo del Estado al 100% en Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. Y casi en ese porcentaje en Andalucía (89,8%), Canarias (83,1%), Cantabria (82,3%), Cataluña (95,3%), la Comunidad Valenciana (99,9%), Madrid (89%). Sólo hay dos excepciones: Castilla y León, en donde la aportación del Ministerio se queda en el 68,4% de las nuevas VPO, y Extremadura, que paga de su bolsillo el 43% de las viviendas. Los datos del Ministerio revelan también que en el ejercicio 2005 se autopromovieron (se levantaron por los futuros inquilinos con financiación pública) 1.195 pisos protegidos, un 1,4% del total. La mayoría de estas casas se inició en Castilla y León (542), Canarias (121) y Extremadura (264). Las cooperativas también tienen su hueco. En ese ejercicio, comenzaron la construcción de 10.665 VPO. De ellas, 9.988 contaron con ayuda estatal y el resto (677) fueron promovidas por iniciativa autonómica La peor situación correspondió a Melilla, donde no se construyó ni un solo nuevo piso protegido. En la otra ciudad autónoma, Ceuta, se iniciaron 169 casas, todas bajo financiación local.