Hacienda lleva al Supremo la pugna por controlar las sociedades de inversión

La Agencia Tributaria llevará hasta las últimas consecuencias el conflicto que mantiene con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el control de las Sicav, las sociedades de inversión colectiva de capital variable que canalizan los ahorros de las principales fortunas del país. Su temor es que el regulador del mercado, al que el Parlamento le concedió hace dos años la competencia para determinar cuáles de esas entidades cumplían las reglas, se muestra más laxo en la fiscalización de un fraude que teme esté generalizado en este sector, donde predomina el uso de «hombres de paja» para lograr ventajas fiscales importantes. Desde el ámbito financiero, que tiene en las Sicav uno de sus productos de mayor demanda entre los patrimonios más importantes, se considera que la CNMV tiene la potestad exclusiva para resolver qué sociedades merecen esa condición. En Hacienda, sin embargo, creen que sólo debe prevalecer su criterio sobre los expedientes iniciados después del 30 de junio de 2005, fecha en la que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una reforma que, a juicio de los inspectores, supuso una «amnistía fiscal» encubierta, ya que hasta entonces se incumplía la normativa vigente en un 80% de los casos. La diferencia entre estas sociedades y el resto es que las primeras, por su carácter de inversión colectiva, disfrutan de un tipo reducido del 1% frente al general del 35%, que con la reforma en vigor desde enero bajará en dos años al 30%. Uno de sus principales requisitos es que deben tener, al menos, 100 partícipes, pero esto no se da en muchos casos, o bien se usan nombres ficticios u «hombres de paja» (también conocidos en el sector como «mariachis» por su carácter de meros comparsas), que en ocasiones son empleados de las propias gestoras que administran estas Sicav para sus verdaderos dueños. «Vacío» legal Los inspectores de Hacienda sostienen que, en vez de repartir el patrimonio de cada Sicav entre sus distintos partícipes, en realidad se ocultan en ellas las inversiones de una sola o unas pocas fortunas, que suelen controlar el 99% de la sociedad. Para ello se aprovechan del «vacío» legal existente, pues no se delimita una cuota mínima o máxima para cada socio. Esto explicaría, a su juicio, el «importantísimo» volumen de dinero que mueven estas sociedades de capital variable, que a principios de año superaba los 30.152 millones de euros (con algo más de 3.000 firmas registradas) y ofrecían unas ganancias superiores a los 1.500 millones.