La Ley de Subcontratación reducirála siniestralidad en la construcción

CC.OO. y UGT exigen una rápida y rigurosa aplicación de la Ley Reguladora de la Subcontratación y su Reglamento, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Los sindicatos se felicitaron por el alto grado de consenso logrado en la tramitación y aprobación de la normativa pero reclamaron celeridad tanto al Gobierno como al resto de Administraciones a la hora de ponerla en práctica. «Nos mantendremos vigilantes», afirmó el responsable de la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT, Teodoro Escorial. «Esperamos de todas las comunidades autónomas su máxima cooperación y diligencia porque de ellos depende en gran medida el éxito de esta ley», apuntó, por su parte, Fernando Serrano, secretario de la federación estatal de Construcción, Madera y Afines de CCOO. Una novedad sin precedentes La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó que el nuevo cuerpo legislativo supone «una novedad sin precedentes» que servirá para reducir la siniestralidad, mejorar la movilidad laboral, aumentar la solvencia de las empresas contratistas y subcontratistas y mejorar la cualificación de los operarios. «Supondrá una mejora sustancial de la seguridad y la salud en el trabajo», añadió, al tiempo que resaltó que la ley y el reglamento ponen de manifiesto la voluntad del Ejecutivo de combatir la siniestralidad, sobre todo en la construcción, al actuar sobre el sector que más preocupa desde el punto de vista de los accidentes de trabajo. El reglamento aprobado este viernes concreta y desarrolla algunos de los aspectos más importantes de la ley, como el denominado Registro de Empresas Acreditadas -que deben crear ahora las autonomías-, en el que habrán de inscribirse todas aquellas compañías que aspiren a operar en el sector de la construcción. Estas firmas, además, habrán de acreditar recursos humanos suficientes, formación en materia de riesgos laborales de sus empleados y una organización adecuada a lo que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Otra de las exigencias más novedosas es la de crear un libro de subcontratación en cada obra, donde constarán los datos de las empresas subcontratadas, el objeto de cada contrato y la identificación de la persona al cargo de la organización y dirección de obra así como los planes concretos de cada una de las subcontratas. Las empresas deberán tener, además, de forma gradual un 30% de empleados contratados con carácter indefinido. La perspectivas entre los sindicatos son muy alentadoras pues, como comenta Teodoro Escorial «la norma va a poner orden y freno a una situación que hoy vive un gran descontrol y que constituye una de las principales causas de la alta siniestralidad que sufre el país». El responsable de UGT, lejos de la complacencia, señala que con la ley y el reglamento «no acaban nuestras preocupaciones». El primer Consejo de Ministros que se celebra tras las vacaciones aprobó las características de los nuevos contadores electrónicos de la luz, que permitirán la discriminación horaria y la gestión a distancia. Los clientes de las compañías eléctricas podrán decidir si desplazan ciertos consumos a las horas de tarifa más baja, lo que les permitirá reducir la factura entre el 2% y el 8%. Los nuevos contadores ya son, desde el pasado 1 de julio, de instalación obligada en los nuevos suministros inferiores a 15 kW. Y Enel Viesgo, la filial del grupo italiano que tiene en marcha una opa sobre Endesa, informa que ya ha instalado un total de 90.500 contadores electrónicos en Cantabria, su zona de mercado. En concreto, la sustitución de 30.000 aparatos en Torrelavega le supuso una inversión de 5 millones de euros. Cambio de aparatos Ahora toca renovar los 25 millones de aparatos ya instalados en el resto de España, lo que se llevará a cabo empezando por los más antiguos. El Gobierno ha encomendado a la Comisión Nacional de la Energía la fijación de un calendario para esta «transición», así como una estimación de los costes del canje, documentos que se aprobarán posteriormente. Las compañías eléctricas, por su parte, han expresado su oposición a hacerse cargo de la totalidad del desembolso generado por el cambio. En la actualidad, los contadores eléctricos son alquilados y el arrendamiento de un aparato convencional -que no permite aplicar la tarifa nocturna- cuesta 0,58 euros al mes. Dado que los nuevos contadores tienen un precio superior, estimado en unos 80 euros, la cuota por alquiler es más elevada, 0,78 euros mensuales, aunque también cabe la posibilidad de comprar el contador a la compañía eléctrica. Los usuarios que opten por la tarifa discriminación horaria tendrán que instalar un contador discriminador de dos períodos: punta, diez horas al día, y valle, el resto. El Ministerio de Industria explica que este esquema no sólo permitirá a los usuarios decidir sus consumos en las distintas franjas horarias y aligerar la factura. Contribuirá, además, a gestionar mejor la demanda. Es algo parecido a la fórmula que ya se aplica con las empresas de alta intensidad de consumo energético.