El decretazo, un contencioso que resolverá el próximo Gobierno

El estrechamiento del negocio nacional es una de las razones que ha llevado a las compañías a la internacionalización y diversificación. Pero también a hacer frente a lo que ya llaman «el decretazo» del CO 2 . Aunque el Congreso aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que daría la oportunidad de alcanzar alguna fórmula de entendimiento con el sector a través de las enmiendas, el final de la legislatura lo impide. El próximo jueves 10 de enero, la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara darán carpetazo a esa iniciativa. Será el Gobierno que salga de las urnas el 9 de marzo el encargado de resolver el contencioso. Empresas y administración se enfrentan por un tratamiento que -todas las partes coinciden- está necesitado de reforma. Una directiva de Bruselas abre camino a la concesión a las eléctricas de ciertos derechos para emitir CO 2 y les permite internalizarlos. Dado que existe un mercado de esos derechos, la cesión tiene un valor, que las compañías españolas integran en las cuentas de cada una de sus instalaciones. Como el mercado de la electricidad funciona por precios marginales -que son el reflejo de los costes de producir en las centrales operativas en un determinado momento-, toda la tarifa eléctrica se contagia de ese valor.