La presión fiscal alcanza el 36,8%, el máximo de la etapa democrática

La presión fiscal cerrará la presente legislatura en el valor más alto que se la recuerda en la reciente etapa democrática -el 36,8% si comparamos el nivel de los ingresos tributarios con el del producto interior bruto (PIB)-, pese a la promesa del Gobierno al principio de estos cuatro años de mandato de que no la subiría. Y, en realidad, en términos técnicos no ha faltado a su palabra, pues no ha acordado ninguna subida de impuestos -de hecho, ha realizado dos rebajas parciales al final de su mandato-, si bien sus medidas para luchar contra la inflación se han revelado insuficientes, lo que unido a los datos históricos de crecimiento económico en los últimos ejercicios explicarían el avance citado antes. Esa es precisamente la argumentación que hacen desde el Ministerio de Economía y Hacienda, dentro de la actualización del Programa de Estabilidad 2007-2010, enviada hace pocas fechas a la Comisión Europea. El avance económico general y, por consiguiente, de la recaudación fiscal, estaría así detrás de ese mayor esfuerzo impositivo al que, por ejemplo, el Irpf había contribuido en un 56% en el tramo 2001-2006, mientras que los tributos sobre la producción y las importaciones serían responsables de un 36% del incremento registrado en esos años. Tampoco la distribucion institucional de esa subida es la misma, pues el alza del Estado (0,57%) casi duplica al registrado por las comunidades autónomas (0,29%). A pesar de las rebajas fiscales -la de 2006 más general en el Irpf y el impuesto de sociedades, y la de 2007 dirigida a vehicular las ayudas del Gobierno por nacimiento de hijo y alquiler de vivienda-, el Ministerio que dirige Pedro Solbes estima que la presión en este ámbito habría crecido otras tres décimas hasta un un nivel histórico del 36,8% que, sin embargo, apenas bajaría una décima de aquí a 2010. Y eso que el total de los ingresos durante los tres próximos años, medido en términos de PIB, descendería hasta medio punto y se situaría en el 40,3%. El último balance definitivo de la liquidación presupuestaria de las administraciones públicas reflejaba que el esfuerzo impositivo soportado por los españoles había crecido más de dos puntos y medio básicos en los tres primeros años de la actual legislatura, con lo que duplicaba con creces la subida registrada durante el último Ejecutivo dirigido por José María Aznar (2000-2004). Al cierre de 2006, su nivel se situaba en el 36,52% -aún por debajo de la media en la Unión Europea, establecida en el 40,2%, respecto a la que España se sitúa en el puesto número 13-, claramente por encima del dato del 34,53% que se registró en 2004, cuando los socialistas llevaban apenas unos meses en el poder tras ganar las elecciones de aquella primavera. «Deflactación» insuficiente Desde entonces, el Gobierno no ha subido los impuestos más allá de la actualización de las tasas y algún incremento parcial en algún sector. El problema es que tampoco ha adoptado todas las medidas necesarias para paliar los aumentos indirectos, causados sobre todo por el desvío al alza del índice de precios de consumo (IPC) en ese período. Es cierto que descontó en parte ese avance con una «deflactación» parcial, sólo sobre la tarifa y no en las deducciones y otros elementos del Irpf, y tampoco tuvo en cuenta la inflación real -sólo el objetivo comunitario del 2%, que se quedó claramente corto-. De cara a 2008, ha extendido los efectos de esa compensación (incluye los mínimos personales y familiares), pero sigue sin considerar la subida efectiva del IPC -del 4,3% en tasa interanual en diciembre, según el último dato avanzado por el INE-. Los contribuyentes, como consecuencia de ello, tuvieron que pagar entre 2004 y 2006 una cifra próxima a los 5.895 millones de euros de más de lo que les hubiera correspondido si la inflación no hubiera crecido casi diez puntos en tasa acumulada en esos tres años, lo que supondría un incremento efectivo de la presión fiscal del 6,3%. Según un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), todos los mínimos y deducciones que se aplicaron entonces estuvieron por debajo de las cantidades que les hubieran correspondido para corregir totalmente los efectos de la subida real de los precios.