Superávit histórico en las administraciones al alcanzar el 2,23% del PIB

El frenazo inmobiliario disparó los números rojos de comunidades autónomas y corporaciones locales, que terminaron 2007 con un déficit claramente superior al previsto -pasó del 0,20% en 2006, en términos equivalentes del producto interior bruto (PIB), al 0,31%-, lo que supone un saldo negativo de 3.243 millones de euros. No obstante lo abultado de esta cifra, es siete veces inferior al superávit histórico (el tercero anual consecutivo) registrado por el conjunto de las administraciones públicas, con un saldo final de 23.368 millones (un 33% más que en 2006), suma que representa el 2,23% del PIB. El Gobierno ya había adelantado semanas atrás que las cuentas públicas tendrían ese resultado positivo, que en el conjunto de la legislatura (con déficit en 2004 y superávit en 2005 y 2006) se elevaría a 46.803 millones, toda una 'hucha' pero de la que ya se ha gastado buena parte en la reducción del nivel de deuda pública -cuyo peso respecto al producto interior (36,2% ahora) se ha reducido en 12,5 puntos durante ese período-, el incremento de las inversiones presupuestarias y las reformas fiscales acometidas en los dos últimos ejercicios. De hecho, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, afirmó que el destino del último superávit sería similar. Problemas en las locales Las administraciones territoriales, como ya advirtieron los expertos meses atrás, acusaron la importante desaceleración de la construcción, sobre todo en el segmento de la vivienda. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, refrendó este argumento, al apuntar el estimable recorte (de hasta el 25%, para quedarse en unos 16.000 millones) en la recaudación que las comunidades tenían previsto obtener en 2007 a través de los impuestos que gravan la actividad inmobiliaria, sobre todo el de transmisiones patrimoniales. Algo parecido ocurrió con los municipios, pues un tercio de sus recursos proceden de ese negocio, sobre todo de los distintos trámites relacionados con el urbanismo. En el Ministerio de Economía prefirieron no desglosar esos datos por autonomías porque «aún no están cerradas las cifras definitivas» y primero deberán presentarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera.