Solbes admite que desde el Gobierno se intentó evitar la crisis de Martinsa

La influencia, por acción u omisión, del Estado en la situación económica de Martinsa Fadesa, que le ha llevado a presentar suspensión de pagos por no poder refinanciar su deuda, se ha convertido en foco de conflicto entre el Gobierno y la oposición. El vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, reconoció ue el Ejecutivo intentó «echar una mano» a la inmobiliaria a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero no se encontró un proyecto acorde con la línea de avales y, por tanto, no hubo ni siquiera opción. Aclaró que «los riesgos los tienen que asumir los accionistas», algo que también defiende el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, que recordó que «los empresarios, por ser grandes, no deberían tener más privilegios que otros». La preocupación del Gobierno por los problemas de liquidez financiera de Martinsa, que soporta una deuda de 5.100 millones, han sido cuestionados desde un primer momento por el PP, que critica precisamente una excesiva injerencia, especialmente después de conocerse que la compañía presidida por Fernando Martín solicitó un préstamo al ICO. «Es cierto que conocemos las dificultades de la empresa desde hace tiempo, y que siempre se le dijo, igual que a otras empresas, que se le echaría una mano en la medida que fuera posible, porque nosotros somos los primeros interesados en que estas cosas no sucedan», afirmó, en declaraciones a Punto Radio. En concreto, explicó que el único instrumento de que dispone el Gobierno es el ICO y que, dado que no contempla el crédito de capital ni la inversión inmobiliaria, «desgraciadamente» no se pudo llegar a un acuerdo con un proyecto lo «suficientemente avanzado y con las garantías suficientes». «De todas formas, el problema no son los 150 millones que se pretendía que el ICO aportara, el problema son los 4.000 millones», añadió. Previendo posibles críticas, el ministro de Economía insistió en que no es «excesivamente partidario» de la entrada del sector público en el privado, porque «los riesgos lo tienen que asumir los accionistas». A su juicio, Martinsa asumió riesgos «excesivos» y el actual contexto financiero le ha impedido afrontarlos. No obstante, agregó que «esto no tiene que afectar a otras empresas». Para Montoro, el caso de Martinsa-Fadesa es la «confirmación y un paso más» de la crisis económica, ya que afirmó que no es la única inmobiliaria con problema, aunque «eso no aparece en los grandes titulares». A su parecer, son precisamente las pymes las que más están padeciendo las turbulencias y, preguntado en Telemadrid por la implicación del ICO en la financiación de la empresa de Fernando Martín, el portavoz de Economía popular prometió investigar el tema, asegurando que en un país normal «los empresarios, por ser grandes, no deberían tener más privilegios que otros». «Voy a ser igual de crítico con unos y con otros. El Gobierno está para hacer repartos equitativos del dinero público, y a los empresarios hay que pedirles responsabilidad, para no promover privilegios», sentenció, porque «cuando desaparece el negocio de la esquina no pasa nada, pero cuando se mueve un personaje importante todas las ventanillas se abren». Precisamente a la falta de liquidez se refirió el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y vicepresidente de la CEOE, Juan Lazcano, que vio el problema «inducido» y, por tanto, «no se deriva del propio sector». Por ello, pidió que no se considere a Martinsa como «la punta del iceberg» de los problemas del sector