Brufau quiere los centros de decisión de Repsol en España

m.j.a. | madrid

El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, insiste en que si alguien quiere hacerse con la petrolera «tendrá que pasar por caja», cruzar la linea mágica que la legislación establece en el 30% y lanzar una opa por el 100% del capital. Lo adelantó ayer, en un encuentro informal con periodistas, y lo ratificó oficialmente durante su intervención en el Foro España Innova, pocas horas más tarde. El consejo de administración de la compañía no dejará que tenga un asiento «un competidor que no respete las reglas del juego», en referencia a la rusa Lukoil, que se plantea comprar un 29,9% , el 20-™% a Sacyr, y el resto a La Caixa, dijo. Y agregó que su deseo es que los centros de decisión de la petrolera se mantengan en España y Argentina, donde se ubican en este momento. Lukoil es la única oferta que está sobre la mesa, confirmó el representante de uno de los cuarenta bancos acreedores que negocian con esta compañía la financiación necesaria para adquirir la participación ahora en manos del grupo constructor y de servicios. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, reconoció que se han pedido a la compañía rusa garantías adicionales, al considerarse insuficiente el aval que proporciona la única propiedad de los títulos.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró ayer que el Ejecutivo no se plantea ayudar económicamente al grupo constructor Sacyr Vallehermoso, al que las dificultades derivadas de la crisis le han obligado a plantearse la venta del 20 por ciento que posee en la petrolera Repsol YPF.

Durante su intervención en la II Jornada Anual de la Comisión Nacional de la Competencia, Solbes respondió así a la pregunta de si el Gobierno se ha planteado ayudar a la constructora a superar sus problemas económicos mientras encuentra un comprador para su participación en Repsol.

En relación a la eventual entrada de la petrolera rusa Lukoil en el capital de Repsol YPF, Solbes reiteró que los temas entre empresas privadas «han de dejarse entre las propias empresas».

No obstante, matizó que al Gobierno español «le gustan más» las empresas de países con sistemas de mercado que sean «más comparables» al español y con más elementos de reciprocidad reales entre ambos.