El Estado compra suelo a operadores privados por 290 millones para 13.350 pisos protegidos
El Plan de Vivienda deja sin cubrir 61.400 ayudas, el 8,5% del total
Los beneficiados reales son 650.000 frente a los 720.000 fijados como objetivo
madrid
El Plan de Vivienda 2005-2008, la gran apuesta del Ejecutivo para reanimar el parque de pisos protegidos, se ha quedado corto. La ministra del ramo, Beatriz Corredor, afirmó recientemente en el Senado que el programa, dotado de un presupuesto de 6.822 millones de euros, benefició a 658.561 familias. La cifra, aunque notable, pues supone un 57% más que el último plan del Gobierno del Partido Popular, está lejos de los 720.000 apoyos prometidos en su día tanto por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como por la encargada de instrumentar y desarrollar el plan, María Antonia Trujillo, y su sucesora, Carme Chacón.
Las cifras planteadas por Vivienda son un tanto engañosas, pues el Ministerio destaca que las más de 650.000 ayudas dispuestas en los últimos cuatro años «reflejan un grado de ejecución del 121% sobre los 544.232 objetivos acordados con las comunidades autónomas». La cuestión es que esos 544.232 apoyos son en realidad el 75% de todo el programa, pues el 25% restante -”con el que sí se alcanzan las 720.000 VPO prometidas-” se aparta siempre para la denominada «reserva de eficacia».
Ésta es una bolsa de actuaciones -”financiaciones-” a la que acceden los gobiernos regionales una vez agotadas las inicialmente convenidas en alguna de las líneas acordadas -”pisos en propiedad, alquiler, subvenciones, compra de suelo, rehabilitaciones, etc.-”.
Así las cosas, el número de actuaciones (ayudas) del Estado resultó un 8,5% inferior (61.439 menos) a lo comprometido.
Plan con reformas
Y eso sin contar con que Carme Chacón reformó el Plan 2005-2008, hace ahora algo más de un año, para abrir el programa a familias con rentas medias e instaurar el alquiler con opción a compra, así como para establecer una serie de ventajas a aquellos promotores que convirtieran sus pisos libres en protegidos y que, paradójicamente, éstos terminaron despreciando. Esa alteración, aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de enero del 2008 y que costó unos 75 millones de euros, aspiraba a facilitar el acceso a una vivienda digna a 250.000 personas adicionales, según las cuentas que presentó entonces la hoy titular de Defensa.
El gabinete de Beatriz Corredor explicó este viernes que ha seleccionado 15 de las 33 ofertas de suelo recibidas desde el sector privado dentro de su estrategia para crear un remanente público de suelo con en el que levantar después pisos protegidos.
Las propuestas de los afortunados, para los que está previsto un pago global de 290 millones, se reparten entre 14 municipios de nueve comunidades autónomas y permitirán desarrollar terrenos para la construcción de 13.350 casas.
Aunque Vivienda no lo aclaró, los oferentes serán probablemente grandes operadores de suelo privados o grupos de particulares unidos para la ocasión.
Y es que el Ministerio condicionaba el acceso a la oferta a aquellas propuestas (suelos) que permitieran levantar al menos 300 pisos. Corredor tiene ahora dos meses para trasladar a los elegidos las condiciones de compra y cerrar, en su caso, con gobiernos regionales y ayuntamientos los acuerdos pertinentes para que comiencen las obras.