El sueldo de los empleados públicos se incrementará el 0,3% en el 2010

En el 2010, por cada cien bajas que se den entre los empleados públicos sólo se repondrán 15, según figura en el acuerdo laboral 2010-2012 firmado este viernes entre el Gobierno, Comisiones Obreras, UGT y CSIF para los 2,7 millones de trabajadores de las administraciones. Su contenido es básico y podrá ser mejorado por las comunidades y ayuntamientos. El límite de la oferta de empleo no afectará a los servicios esenciales de la comunidad como fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local, sanidad, educación, emergencias, prevención y extinción de incendios, organismos de investigación, inmigración y extranjería e instituciones penitenciarias. Además, quedarán exentas las corporaciones locales con menos de 50.000 habitantes, contratos vinculados a la dependencia, efectivos de la administración de justicia, de los servicios públicos de empleo y de la lucha contra el fraude fiscal, y ocupaciones para el desarrollo de determinados programas.

En resumen, el acuerdo mantiene el poder adquisitivo de los empleados públicos durante la presente legislatura. Fija para el 2010 un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que costará 50 millones de euros. Los incrementos del 2011 y el 2012 tendrán que negociarse entre las partes en función de la evolución presupuestaria del índice de precios al consumo, la previsión de crecimiento económico, capacidad de las cuentas del Estado y valoración de la productividad. Los sindicalistas resaltaron que la capacidad de compra está garantizada por las cláusulas establecidas, que reflejan que el 1 de enero del 2012 se ajustarán los posibles desvíos entre la subida inicial y el aumento de los precios de los dos años anteriores. La revalorización del 2012 tendrá lugar al ejercicio siguiente.

El acuerdo contempla igualmente la aportación de un 0,3% en el 2010 al plan de pensiones de la Administración General del Estado, con repercusión en unos 500.000 trabajadores. El aumento se elevará al 5% en el 2011 y al 7%, en el 2012.

Tanto la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega como los representantes sindicales resaltaron que el pacto suscrito era un ejemplo para el sector privado y criticaron la postura y las reclamaciones de Ceoe, encaminadas a abaratar el coste de la mano de obra. De la Vega comentó que se trata de un acuerdo «razonable que se ajusta a la austeridad que requieren los tiempos» y es «un acicate» para el entendimiento en otros ámbitos, algo que exigen «los españoles a empresarios, sindicatos, partidos políticos y poderes públicos en tiempo de crisis».