Reportaje | césar calvar
Inteligencia en la economía
El Gobierno incluye entre los objetivos del CNI la protección de sectores vitales, entre ellos el energético
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el principal servicio secreto español. Entrar en su recinto, que por fuera recuerda más a un campus universitario que a un organismo de seguridad, es un privilegio al alcance de pocos. Al recorrer sus salas el visitante tiene la impresión de estar en una empresa de alta tecnología: apenas hay papeles, todo está informatizado y cientos de cámaras y pantallas persiguen al intruso. En esta institución trabajan expertos capaces de interpretar un susurro en 30 idiomas, titulados de casi todas las carreras universitarias y personal de todas las escalas de los ejércitos y fuerzas de seguridad. Todo ese conocimiento conforma un complejo entramado al servicio de los intereses de España, políticos, de seguridad y económicos, no menos importantes en la actualidad.
La ley encarga al CNI, de forma genérica, proteger los intereses económicos, comerciales e industriales de España. El Gobierno fija cada año sus objetivos concretos en la Directiva de Inteligencia, una instrucción clasificada como secreto que incluye intereses a defender, vinculados a sectores estratégicos como la energía. Asegurar, por ejemplo, el suministro de petróleo y gas es trascendental para que el país funcione, pero lograrlo depende a veces de que las empresas estén bien informadas y jueguen con ventaja.
Unas veces los servicios de inteligencia prestan ayuda directa a compañías relacionadas con dichos sectores vitales. Otras, su labor es hacer que las empresas sepan ayudarse a sí mismas. Un especialista en inteligencia económica del CNI, que exige el anonimato, explica que el centro hace seguimientos de los sectores a proteger y evaluaciones de riesgos en los distintos países. Avisa de privatizaciones y concursos en industrias clave; orienta a empresarios sobre personas relevantes de cada país, a las que hay que ganarse para hacer negocios; informa de amenazas contra la seguridad del personal e intereses de las empresas e incluso apoya procesos de negociación comercial.
El centro también actúa desde sus bases extranjeras para contrarrestar campañas de descrédito contra España como la desatada en Argentina en el 2001, cuando las multinacionales españolas fueron culpadas de la debacle financiera del país.