UN MES DESPUÉS DE DECLARARLA INCONSTITUCIONAL
Una jueza de EEUU ordena la suspensión de la ley contra los gais en el Ejército
La norma 'Don't Ask, Don't Tell' permitía la expulsión de los militares que se declarasen homosexuales. La derogación de esta polémica legislación era una promesa electoral del presidente Obama
Una jueza federal ha ordenado hoy al Ejército de Estados Unidos que deje de aplicar la ley que impide la presencia en las Fuerzas Armadas de aquellos soldados que se hayan declarado abiertamente homosexuales. La decisión de la jueza Virginia Phillips se produce un mes después de que declarara esta norma inconstitucional. El presidente de EEUU, Barack Obama, se comprometió a cambiar la medida durante su campaña electoral en el 2008 e impulsó el debate en el Congreso, pero la oposición republicana en el Senado bloqueó el debate el mes pasado.
En su resolución, Phillips insta " a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso " que pueda haber comenzado en el seno del Ejército bajo la ley, conocida como Don't Ask, Don't Tell (No preguntes, no digas). Para la jueza, la norma " daña de una manera irreparable a los miembros del servicio al infringir sus derechos fundamentales ".
La ley no permite a las autoridades militares que pregunten a los soldados sobre su orientación sexual, pero sí autoriza al Pentágono a despedir a los homosexuales que la admitan abiertamente. La jueza también ha denunciado que la práctica del Pentágono de retrasar los despidos de esos soldados hasta que volvieran de las operaciones de combate " mina la autoridad del Gobierno ".
RECURSO RECHAZADO
En septiembre, la jueza concluyó que la ley violaba la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución y rechazó el recurso del Departamento de Justicia, que quería limitar el alcance de la decisión judicial para que solo beneficiara a los demandantes, el grupo político homosexual Log Cabin Republicans . Según el departamento, paralizar la medida, introducida en 1993 por el entonces presidente Bill Clinton, constituiría "una amenaza para los militares que se encuentran en operaciones de combate en el mundo". Por ello, pidió que el bloqueo se limitara a los 19.000 miembros que componen la organización demandante, o que se retrasara hasta que el Congreso votara al respecto.
En caso de que ahora desee apelar la decisión, el Departamento de Justicia tiene 60 días para presentar un recurso ante la Novena Corte de Apelaciones de Estados Unidos, en San Francisco, y reclamar que la ley siga vigente mientras se revisa el caso.