Bruselas exige un "estricto control del déficit y la deuda" autonómica

La Comisión Europea, como ya había anticipado este diario, ha exigido al Gobierno español que garantice la reducción del déficit público prevista en el 2011 y el 2012 "a todos los niveles de la Administración, incluyendo una estricta aplicación de los existentes mecanismos de control del déficit y la deuda de los gobiernos regionales".

Pide que se fije un techo de gasto público a todos los niveles de la administración, incluida la autonómica. Ésta es la primera de las recomendaciones que formula el Ejecutivo comunitario a España en el nuevo procedimiento de gobierno económico europeo. Las recomendaciones deben ser ratificadas por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) el próximo 20 de junio y los países que posteriormente no las respeten se exponen a amonestaciones públicas e incluso sanciones.

España, precisa la Comisión Europea, deberá además adoptar "medidas adicionales" de ajuste en el caso de que la evolución económica o presupuestaria no sea la prevista para garantizar que el déficit público español bajará al 6% del producto interior bruto (PIB) al concluir el 2011. España, asimismo, "deberá aprovechar cualquier oportunidad de mejora de la situación económica para acelerar la reducción del déficit" y presentar medidas concretas para materializar el objetivo de situar el déficit en el 3% del PIB en el 2013 y en el 2,1% en el 2014.

Las recomendaciones a España incluyen también reforzar el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro, corrigiendo las debilidades persistentes en su sistema de dirección y gobierno. La Comisión Europea plantea que se explore reducir las cotizaciones sociales para rebajar los costes laborales y se compense la pérdida de recaudación mediante una subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) o de los impuestos energéticos.

El Ejecutivo comunitario pide también que se presenten nuevas reformas laborales para mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes y reducir la segmentación del mercado laboral entre contratos fijos y temporales. Además de pedir la adopción de la reforma prevista sobre negociación colectiva, la Comisión Europea pide una mayor apertura de los servicios profesionales a la competencia, un entorno más favorable a las empresas, la reducción de las cargas burocráticas para las empresas y una política efectiva para reducir el abandono y el fracaso escolar.

Respecto a las pensiones, el Ejecutivo comunitario pide que se aplique la reforma aprobada para retrasar la edad de jubilación y ampliar los años de cotización para calcular la pensión, que se adopten medidas adicionales para aumentar la edad efectiva de jubilación de los trabajadores y que se revise regularmente los parámetros de las pensiones en línea con las expectativas de vida.