Las FARC siguen con sus ataques tras dejar los secuestros
Más de 400 civiles siguen en poder de la guerrilla colombiana, según una ONG.
La guerrilla de las FARC atacó desde la madrugada de ayer con bombas y morteros los puestos policial y militar de la localidad colombiana de Caldono, en el suroeste del país, situada a 90 kilómetros de Popayán. El secretario de Gobierno de Caldono, Carlos Pascué, informó a varias emisoras desde su casa, de la que, dijo, no ha podido salir por la intensidad de los ataques que se escuchaban de fondo, aunque destacó que por el momento no se habían registrado víctimas.
Este ataque se produjo un día después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaran el domingo su decisión de renunciar a los secuestros con fines de extorsión y poner en libertad a los últimos diez uniformados que mantiene en condición de rehenes. «Desde la madrugada de ayer hay un ataque de las Farc muy duro con morteros, bombas. Hasta el momento no cesan los ataques, tenemos sobrevuelos de los helicópteros (de autoridades), pero es muy complicada la situación en Caldono», dijo Pascué a la emisora Caracol Radio.
Numerosos y desconocidos. Por su parte, la directora de la organización no gubernamental Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez, indicó ayer que la cifra de civiles en poder de las Farc asciende a 405, lo que los convierte en el grupo de secuestrados «más numeroso y más desconocido».
Gómez explicó que estos civiles han sido en los últimos diez años víctimas del secuestro con fines de extorsión y financiación por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), práctica a la que la guerrilla decidió renunciar, según anuncio el domingo.
En un comunicado divulgado en su página de internet, las FARC anunciaron también la entrega en una fecha no definida de los diez policías y militares que declara tener en su poder.
Estos datos de País Libre resultan del cruce de las estadísticas de denuncias registradas por la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa de Colombia, y son el resultado de un estudio del secuestro entre el 2002 y diciembre del 2011. «Ahora hacen un pronunciamiento de que no van a volver a secuestrar a los civiles y quisiéramos saber qué ha pasado con estos 405 secuestrados que están en cautiverio», comentó Gómez.
Esta guerrilla, activa desde 1964, lo que la convierte en la más antigua de América Latina, «ha ocultado siempre» la situación de los secuestrados civiles, sólo hablaban de secuestrados políticos» o «canjeables», como se refieren a los uniformados susceptibles de ser intercambiados por guerrilleros presos, ha señalado Gómez.