Diario de León
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natalia kidd | buenos aires
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La petrolera YPF es una de las mayores empresas argentinas, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país, lo que explica su importancia estratégica para el Gobierno de Cristina Fernández.

Fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal integrada verticalmente e inspiró la creación de otras grandes del sector, como la brasileña Petrobras. La empresa cayó dentro de la ola privatizadora del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9 % de la petrolera por unos 2.000 millones de dólares.

En abril de ese mismo año Repsol lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital de YPF. En el 2007, el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, compró el 14,9 % de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10 % adicional.

La petrolera, participada por Repsol en un 57,43 %, es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos. El Gobierno de Cristina Fernández responsabiliza a la compañía de la bajada en la producción por falta de inversión, aunque YPF sostiene que en el 2011 realizó inversiones récord por 13.300 millones de pesos (3.022,7 millones de dólares), un 50 % más que en el 2010. Controla el 32% de la producción de hidrocarburos y el 23 % de la de gas, según datos oficiales. En las últimas semanas, con la embestida del Gobierno de Cristina Fernández, ha perdido una quincena de licencias en seis de las diez provincias petroleras del país.

Desde que Repsol se hizo con el control de YPF en 1999, la filial argentina ha cerrado sus balances en positivo, con ganancias que en algunos ejercicios equivalieron a casi la mitad de los beneficios mundiales del grupo español. El Estado argentino es ya titular del 0,02 % de las acciones de YPF, con derecho a ocupar una silla en el directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.

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