Cameron descarta una ley para proteger a las víctimas de los abusos de la prensa
Los consejos del juez Leveson enfrentan a los socios del Gobierno británico.
El primer ministro británico, David Cameron.
La familia real ya había denunciado al News of the World tras constatar que informaciones sobre una lesión del príncipe Eduardo solo pudieron ser obtenidas mediante la intercepción ilegal de sus llamadas telefónicas. Un periodista y un detective privado fueron encarcelados por ello. Pero el asco popular por lo que hizo el periódico ante el rapto y asesinato de una adolescente llevó al Gobierno a actuar.
Aunque la Policía afirma que no se podrá nunca confirmar si los detectives a sueldo del periódico borraron mensajes en el contestador del móvil de Milly Dowler, la intercepción de su teléfono y la persecución de sus padres por fotógrafos cuando buscaban a su hija llevó a David Cameron a pedir al juez Sir Brian Leveson que investigara las prácticas de la prensa británica y emitiera recomendaciones.
El juez presentó ayer su largo informe tras escuchar a 337 testigos y recibir testimonios de casi trescientos. El de los padres de Dowler; el de la madre de Madeleine McCann, desaparecida en Portugal, explicando que el periódico publicó su diario privado, requisado por la Policía portuguesa; el de la actriz Sienna Miller, preguntando por qué no es delito que la persigan una noche once hombres solo porque llevan cámaras.
La investigación escuchó al primer ministro y a otros líderes, porque analizó también la relación entre los medios y los políticos; a mandos policiales, porque había una sospecha de sobornos de los periódicos para lograr información y de cooperación corrupta; y a propietarios de medios, como Rupert Murdoch, que tuvo que cerrar el News of the World ante la marea del escándalo.
Noventa personas —periodistas, detectives y policías— han sido detenidas en las investigaciones sobre varios casos y la labor de Leveson no ha podido interferir en la de la Justicia ordinaria. Pero ayer una de sus principales conclusiones fue rechazada por David Cameron, para alivio de la mayoría de la prensa
Leveson propone un nuevo ente supervisor, financiado también por los medios, cuyos miembros serían designados por un panel independiente y con poder para dictar sanciones económicas. También, que se cree un comité de arbitraje legal rápido. El juez cree que una ley debería establecer esos principios fundacionales, dar fuerza al comité de arbitraje y ofrecer el incentivo imprescindible para que todos los periódicos se sumen al nuevo sistema: si un medio no quisiera unirse, no recibiría las costas legales de un juicio incluso en el caso de que ganase el pleito.
David Cameron apoya la primera parte de las conclusiones pero cree que no es necesario aprobar una ley para la Prensa. Su viceprimer ministro, el liberal-demócrata Nick Clegg, hizo algo que no se veía desde 1932, pronunciar como miembro del Gobierno una declaración contraria a la del jefe del Ejecutivo