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La fiscalía exige trasladar a otra prisión a una de las Pussy Riot

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EFE

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La fiscalía de Perm exige el traslado a otra prisión de María Aliójina, la integrante del grupo Pussy Riot que cumple una condena a dos años en un penal de esa región rusa de los Urales, según publicó hoy el diario ruso "Kommersant".

Tras pasar 90 días internada en una celda de aislamiento por motivos de seguridad, la célebre reclusa de la prisión número 28 de Perm solicitó permanecer en dicho régimen durante otros tres meses, lo que está prohibido por las normativas de reclusión en Rusia.

"Un nuevo traslado a una celda de seguridad en la misma prisión está prohibido. La Fiscalía solicitó al jefe de Instituciones Penitenciarias de la región de Perm el traslado (de Aliójina) a otra prisión", señala el informe de la Fiscalía citado por el periódico.

La Justicia se interesó por la situación de Aliójina después de que sus abogados denunciaran el pasado mes de febrero que su defendida ha sido injusta y reiteradamente sancionada por la administración del penal.

En una entrevista al periódico "Nóvaya Gazeta", la integrante de Pussy Riot dijo temer por su vida y denunció haber sido amenazada por dos reclusas.

La investigación de los fiscales ha constatado que los responsables de la prisión incurrieron en una irregularidad al ubicar en el mismo módulo a una reclusa novata como Aliójina, encarcelada por primera vez, con reincidentes.

"La inspección constató la violación del artículo 80 del Código de Instituciones Penitenciarias sobre los presos condenados por primera vez y presos reincidentes", agrega el documento.

El pasado 20 de noviembre, Aliójina tuvo un conflicto con varias presas reincidentes en el taller de costura al que fue enviada a trabajar, según la Fiscalía.

En agosto del año pasado, Aliójina y dos de sus compañeras de Pussy Riot, Nadezhda Tolokónnikova y Yekaterina Samutsévich, fueron condenadas a dos años de prisión tras ser declaradas culpables de "gamberrismo motivado por odio religioso".

Las Pussy Riot fueron acusadas de ese delito por escenificar en febrero de 2011 una plegaria contra el actual presidente y entonces primer ministro, Vladímir Putin, en la catedral ortodoxa moscovita de Cristo Salvador.

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