Detenidos por crímenes durante la dictadura argentina permanecen en el hospital pese al alta médica

El Gobierno argentino confirmó que once de los 18 detenidos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura ingresados en el Hospital Militar de Buenos Aires permanecen allí pese a tener el alta médica, informaron hoy fuentes oficiales.

El dato surgió de una investigación ordenada por el Gobierno de Cristina Fernández a partir de la fuga la semana pasada de dos exmilitares presos por crímenes en la dictadura (1976-1983) que habían sido ingresados en el Hospital Militar.

A partir de esa investigación, el Gobierno elevó su informe a la Justicia para la inmediata restitución a centros de detención de los once presos cuyo ingreso hospitalario no está justificado, informó el Gobierno argentino en su sitio web.

La investigación sobre las condiciones de los detenidos por delitos de lesa humanidad proseguirá en otros hospitales públicos y centros de salud dependientes de los servicios penitenciarios federal y provinciales.

Los exmilitares Jorge Olivera, condenado en la norteña provincia de San Juan a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon el pasado 25 de julio del Hospital Militar Central de Buenos Aires, donde habían sido trasladados para recibir atención médica.

El ministro de Justicia argentino, Julio Alak, indicó que los motivos esgrimidos para el ingreso en el Hospital Militar de Olivera y De Marchi eran "absolutamente secundarios y no merecían en absoluto el traslado" desde la norteña provincia de San Juan hacia un centro médico de alta especialización como el Hospital Militar.

"Lamentablemente fueron trasladados por orden judicial al Hospital Militar donde terminaron de perpetrar un planificado plan de fuga", dijo el ministro en declaraciones publicadas por el sitio oficial del Gobierno.

El exmayor Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.

El Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos (unos 370.000 dólares) destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención de los prófugos.

Además dispuso el bloque de cuentas bancarias y bienes de los dos exmilitares.