Santamaría confirma que el Gobierno contará con los agentes sociales para elaborar la ley sobre servicios mínimos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que para llevar a cabo la elaboración de la futura ley de servicios mínimos el Gobierno quiere contar con la colaboración de los agentes sociales, es decir, los sindicatos y los empresarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha respondido así tras el anuncio realizado este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del encargo al Ministerio de Empleo del estudio de una ley de servicios mínimos "para que se cumplan" y para hacer compatible el derecho de huelga con los de los ciudadanos.

La vicepresidenta ha destacado que la Constitución es clara sobre el derecho de huelga y sus circunstancias y límites. Según ha recalcado, el objetivo es trabajar en un marco jurídico que asegure el "anverso" del derecho a la huelga y poder recibir unos servicios "que a veces son muy esenciales". Santamaría ha pedido a los grupos parlamentarios que sean prudentes y que antes de manifestar sus opiniones esperen a ver hacia dónde va a ir la regulación de la ley.

Ley seguridad ciudadana

Por otra parte, la número dos del Ejecutivo central ha insistido en que la ley de seguridad ciudadana, cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en trámite de observaciones, persigue proteger la convivencia democrática y no coartar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

"Una convivencia democrática exige que el Estado tengan mecanismos" para proteger a sus ciudadanos, como el caso de los menores, ha dicho la vicepresidenta, tras lo cual ha sostenido que esos "mecanismos" no serán penales sino administrativos.

Así, ha recordado que la eliminación de las faltas del nuevo Código Penal y que serán incluidas como infracciones administrativas en la ley de seguridad ciudadana permitirá "despenalizar muchas conductas". "Lo que se está haciendo es regular como falta administrativa y, por tanto, con un menor reproche público conductas que hasta ahora eran faltas penales", ha añadido la vicepresidenta antes de subrayar que la cuantía de las multas que llevarán aparejadas estas acciones, en función de su carácter muy grave, grave o leve, serán las mismas que las actualmente estipuladas en la ley, vigente desde 1992.

Respecto a las críticas acerca del derecho de manifestación, Santamaría ha señalado que la Constitución reconoce este derecho "siempre que se produzca con los requisitos" que marca la ley. Cualquier persona tienen derecho a manifestarse y expresar su opinión libremente, pero ésta tiene sus límites donde empiezan los derechos del otros", ha concluido.