Las medidas de seguridad de Peña Nieto dividen a México

La oposición mexicana calificó de insuficientes, tardías y electorales las diez medidas anunciadas por el presidente, Enrique Peña Nieto, a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que representan un giro de 180 grados en sus políticas y desmienten su visión de que México era un país que había superado los problemas con la seguridad y de legalidad y transparencia. Le explotan las matanzas y la corrupción.

La preocupación aumenta en los 10 estados que concentran el 67% (12.336) de los policías municipales suspendidos. Del total nacional de 135.511, el 87% (117.334) han sido aprobados pero el 13% (18.177) no pasó las pruebas. Pero se da la circunstancia de que en las regiones de mayor penetración del narcotráfico (Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca Morelos Veracruz y San Luis Potosí) es donde hay más uniformados que no están capacitados, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El principal problema es que del total de policías en el país el 78% gana menos de 10.000 pesos mexicanos al mes (unos 588 euros) e incluso 2.981 trabajan sin sueldo como indican los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Desde el 2003, diversos estudios alertan de que los problemas estructurales, la falta de recursos, de equipamiento, de capacitación y los bajos salarios facilitan que algunos de sus miembros se presten a colaborar con el crimen organizado.

En su solemne intervención, Peña Nieto recogió el lema repetido en las calles, para insulto de familiares y compañeros de los estudiantes: «Todos somos Ayotzinapa». Habló de «debilidades del Estado», «corrupción», «indignados», «torturas» y «omisiones» para concluir que «México no puede seguir así».

El gubernamental Partido Revolucionario Institucional lo apoya con los ojos cerrados. También empresarios, como el multimillonario Carlos Slim. El presidente del Partido de Acción Nacional Ricardo Anaya, sin embargo, aseguró que «no dará un cheque en blanco». Otros panistas afirmaron que iban a aplicar las mismas políticas de Felipe Calderón. En esa línea se pronunció José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, para quien los diez mandamientos del presidente mexicano son una «reedición del mismo producto con un nuevo envoltorio».