Diario de León

POLÍTICA MIGRATORIA EN EEUU

Un juez de Tejas suspende las medidas de Obama para regularizar a los inmigrantes

El magistrado, propuesto en el cargo por el expresidente Bush, atiende las demandas de 17 estados que creen que el presidente se extralimitó Este miércoles empezaba el plazo para que miles de jóvenes solicitaran la postergación de su deportación y un permiso de trabajo temporal

El juez Andrew Hanen, izquierda, durante una ceremonia judicial en Brownsville (Tejas).

El juez Andrew Hanen, izquierda, durante una ceremonia judicial en Brownsville (Tejas).

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EFE

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Un juez federal de Tejas ha anunciado esta madrugada la suspensión temporal de las medidas anunciadas en noviembre por el presidente de EEUU, Barack Obama, que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados. La decisión del juez Andrew Scott, que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados, se anuncia la víspera de que este miércoles comenzase el plazo de inscripción por el que miles de jóvenes indocumentados podrían acogerse al alivio migratorio de la Acción Diferida (DACA), que posterga por tres años su deportación y les permite obtener un permiso de trabajo temporal.

Aparte de la ampliación del DACA, un plan ideado en el 2012 y con el que se ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como "soñadores", el plan de Obama incluye un nuevo programa que concedería permisos de trabajo a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente. Estaba previsto que estas medidas entraran en vigor el próximo mayo.

En su fallo, el juez, que fue propuesto para el cargo en el 2002 por el expresidente George W. Bush, asegura que "al haber hallado que al menos un demandante satisface todos los elementos necesarios para mantener la demanda", concede "un mandato judicial temporal" para suspender la aplicación de las medidas hasta que haya "una resolución final de los méritos de esta causa o una orden ulterior de este tribunal".

La decisión del juez es vista como un indicio de que finalmente podría inclinarse definitivamente a favor de los demandantes y fallar en contra de las medidas ejecutivas.

RECURSO DE LA CASA BLANCA

Se espera que el Gobierno de Obama recurra a esta decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente a la zona, con sede en Nueva Orleans, para intentar que no afecte el comienzo de la aplicación de sus medidas ejecutivas, como tenía programado, a partir de este miércoles.

La demanda de suspensión la presentó Tejas el pasado 3 de diciembre en nombre de una coalición de 17 estados, a los que se le han ido añadiendo otros hasta sumar un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que integran la nación. Los demandantes consideran que Obama se extralimitó en sus poderes. Así, denuncian que con sus medidas ejecutivas el presidente "viola la Constitución de Estados Unidos y la ley federal, elude la voluntad del pueblo estadounidense y afrenta a las familias y personas que siguen la leyes para migrar legalmente".

Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Tejas.

La gran mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.

Los fondos para financiar el DHS, una institución cuyas competencias además de inmigración incluyen terrorismo o ciberseguridad, se agotarán el próximo 27 de febrero en caso de que lo congresistas no lleguen antes a un acuerdo.

APOYO DE 12 ESTADOS

Frente a esto, otra coalición, esta vez integrada por doce estados y el Distrito de Columbia, anunció que defenderá las medidas ejecutivas migratorias del presidente, al argumentar que, lejos de suponer una carga, las medidas son beneficiosas al "aumentar sus ingresos" y "reducir la demanda de servicios sociales".

Los doce estados (California, Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington) y el Distrito de Columbia se presentaron como 'amicus curiae' (amigo de la corte) en el proceso contra las medidas que buscan regularizar a más de cinco millones de indocumentados.

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