La guerra entre Rousseff y el líder del Congreso acelera el juicio político

Resignado a la idea de afrontar el enjuiciamiento de la jefa del Ejecutivo, Dilma Rousseff, el Gobierno brasileño confía en que el proceso iniciado ayer sirva para despejar de una vez las dudas sobre presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas públicas. También para terminar con la amenaza permanente de una destitución que debilita a la Administración y le impide avanzar en el plan de austeridad que se autoimpuso para salir de la recesión.

El Congreso inició el proceso que podría derivar en el juicio a Rousseff, reelegida el pasado año. El próximo lunes, la Cámara designará a los diputados de la comisión encargada de aceptar o rechazar los cargos. Si aceptan los cargos, la decisión deberá ser sometida a una mayoría de dos tercios en la Cámara baja. Si el juicio tuviera apoyo suficiente, la presidenta debería ser suspendida de sus funciones mientras el Senado la juzga.

El tan cacareado ‘impeachment’ fue anunciado en la víspera por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El legislador pertenece al Partido Movimiento Democrático Brasileño, aliado del Gobierno. Pero él personalmente está enfrentado con la Administración y se pasó a la oposición. Acorralado por graves denuncias de corrupción, Cunha aceptó el miércoles una petición de juicio político contra Dilma por presuntos crímenes de responsabilidad fiscal.