Europa cierra sus puertas a los refugiados en plena crisis migratoria

A. Lorente | Bruselas

Recuerden, lo dijo hace dos semanas el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk: «No vengáis a Europa. No arriesguéis vuestras vidas ni vuestro dinero, no va a servir para nada». Así será. La fumata blanca comenzó a atisbarse sobre las 15.15 horas, pero no fue hasta las cinco cuando tras dos días de cumbre y «entre aplausos», los 28 jefes de Estado y de gobierno de la UE escenificaron con el primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, la firma del histórico y controvertido pacto para solucionar la mayor crisis migratoria de Europa desde la II Guerra Mundial. Habemus acuerdo. Como se esperaba, con el dramatismo de las grandes ocasiones, como siempre. Según los firmantes, es excepcional, escrupulosamente legal y respetuoso con los derechos humanos. La batalla del relato continúa y hará falta sacar lo mejor de cada uno para que Europa no salga herida de muerte de la cumbre de ayer. El mensaje es claro: si todo esto se está haciendo no es para ocultar la evidente desunión de la UE, su criticada falta de solidaridad, sino en favor de los refugiados, para combatir las desalmadas mafias que trafican con ellos. «Con estas medidas vamos a lograr romper su modelo su negocio y acabar con la inmigración irregular desde Turquía», se felicitaron los presidentes del Consejo y la Comisión, Donald Tusk y Jean-Claude Juncker. «Era la única opción, no había alternativa. A los que nos critican, que ofrezcan algo mejor. No lo hay», dijo Davutoglu, que calificó la jornada como un «día histórico». Desde mañana domingo, todos los «nuevos migrantes irregulares» (también refugiados) que lleguen a Grecia procedentes de Turquía serán devueltos al país vecino. Tal cual. Se espera que las primeras operaciones de retorno, que sufragará la UE (se habla de unos 20 millones a la semana), comiencen a finales de mes o principios de abril). Pero como pidieron varios países, se seguirán unos fundamentos básicos tanto de orden legal como humanitario, que serán monitorizados por la ONU. España está entre ellos.