El trámite para un posible juicio contra Rousseff está casi concluido
El fiscal De Oliveira insiste en que incurrió en «graves irregularidades» al maquillar resultados.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se encuentra acorralada. SEBASTIÃO MOREIRA
efe | brasilia
El engorroso trámite que puede llevar al fin del mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, entró ayer en sus últimas fases en una comisión parlamentaria que, el próximo viernes, decidirá si el proceso llega al pleno del Senado.
La comisión, integrada por 21 senadores, escuchó ayer al fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, quien el año pasado detectó las irregularidades fiscales que le han dado pie a la oposición para iniciar el proceso, y a otros dos expertos en asuntos de derecho financiero y gestión pública.
La comisión escuchará hoy a tres testigos presentados por la defensa y prolongará sus debates hasta el viernes, cuando decidirá si la causa será archivada o remitida al pleno del Senado, que en ese último caso decidirá la semana próxima si instaura el juicio, con lo que Rousseff sería separada del cargo durante 180 días.
El fiscal De Oliveira insistió ayer en que la mandataria incurrió en «graves irregularidades» encarnadas por maniobras contables que maquillaron los resultados del Gobierno y permitieron omitir de los balances oficiales unas abultadas deudas con bancos públicos y alteraciones de presupuestos no ajustadas a las normas.
De Oliveira fue enfático al asegurar que esas maniobras tuvieron un enorme impacto en las finanzas y en la credibilidad del Estado, y afirmó que representaron «un daño equivalente al que causa la corrupción».
Tal vez por su contundencia, De Oliveira casi no fue incordiado por el oficialismo, que no se esforzó en rebatir sus afirmaciones, plagadas de datos técnicos y jurídicos.
La investigación realizada por el fiscal constató que en 2014 el Gobierno no depositó en la banca pública, usada como agente de pago, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones. Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que en 2014 cerró en unos 40.000 millones de reales (hoy 11.428 millones de dólares).
De Oliveira explicó que esas irregularidades comenzaron en 2013, pero aclaró que al día 31 de diciembre de ese año el Gobierno llegó a cubrir todas sus deudas con la banca pública. Sin embargo, las maniobras se retomaron a inicios de 2014 y se acentuaron en el segundo semestre de ese año, cuando Rousseff fue reelegida para un segundo mandato.
Según el fiscal, parte de las deudas se mantuvieron durante 2015 y sólo fueron canceladas a mediados de diciembre pasado, con lo cual el Gobierno «estremeció la ley de responsabilidad fiscal», que regula el gasto público y la ejecución de los presupuestos.
«El Gobierno sólo pagó a finales de 2015 y lo podría haber pagado antes, pero no lo hizo porque pretendía ejecutar otros gastos con ese dinero, lo que lleva a unas irregularidades gravísimas», afirmó.
Los informes redactados por el fiscal llevaron a que el Tribunal de Cuentas, órgano de control del Estado, rechazara los balances del Gobierno de 2014, lo cual se ha recomendado también para los de 2015, que aún no han sido analizados por esa corte.