Dilma Rousseff insiste en que si es destituida deberá haber elecciones
La presidenta de Brasil declara ante el Senado por el juicio político al que está sometida.
La presidenta suspendida de Brasil, junto a su abogado, en el Senado. CADU GOMES
efe | brasilia
La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, insistió ayer ante el Senado en que si es destituida, en el juicio político al que está sometida, se deben convocar unas nuevas elecciones para devolverle al país un «gobierno legítimo». En la sesión convocada para la presentación de sus alegatos finales ante el pleno del Senado, constituido en tribunal, Rousseff insistió en que, si fuera desalojada del poder, «se habrá presenciado una elección indirecta», en las que los 81 senadores «sustituyan a los 110 millones de votantes» que tiene Brasil.
El juicio político está en sus tramos finales y el Senado deberá tomar una decisión definitiva sobre la eventual destitución de la presidenta hoy o a más tardar mañana, según las previsiones de la propia cámara legislativa.
Si Rousseff perdiera efectivamente el cargo, seguirá en el poder su antiguo vicepresidente, Michel Temer, que la sustituye desde el pasado 12 de mayo en forma interina. «Creo sinceramente que si hubiera una decisión que autorice mi destitución sin que se haya comprobado un crimen, estaremos frente a un golpe de estado y también frente a una elección indirecta», dijo Rousseff en la fase de preguntas.
Según Rousseff, una elección «indirecta supone un retroceso en relación a prácticas que el país ha superado tras la dictadura» que gobernó entre 1964 y 1985 y representaría «un pacto político» sin el «consentimiento» de la población.
«Defiendo que, en ese caso, el único pacto posible sea tejido con todos los brasileños, que deben ser llamados a posicionarse sobre una elección directa anticipada y una reforma política», pues «no es posible gobernar con 35 partidos», como tiene hoy el país, declaró. Rousseff reiteró así una propuesta que presentó hace quince días, cuando se comprometió a que, si fuera absuelta y recuperase el poder del que fue suspendida el 12 de mayo pasado, promoverá un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre de 2018.
La gobernante está acusada de diversas irregularidades fiscales que ha negado una y otra vez y que ayer, ante el Senado, insistió en calificar como un «pretexto» para desalojarla del poder y dar paso a una elite económica y política que califica de «golpista».