España y Polonia defienden a los trabajadores desplazados
Durante la XII cumbre entre ambos países muestran su oposición a la directiva de la UE.
Rajoy y la primera ministra polaca, Szydlo, en el Palacio Belvedere de Varsovia. RADEK PIETRUSZKA
efe | varsovia
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y la primera ministra polaca, Beata Szydlo, ratificaron ayer su compromiso común en favor del proyecto europeo, pero unieron sus voces en defensa de modificar la propuesta de directiva de la UE sobre trabajadores desplazados.
Rajoy y Szydlo presidieron en Varsovia la XII cumbre entre España y Polonia en el año en el que se cumple el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
La cumbre sirvió para sentar las bases de una colaboración mayor en diversos ámbitos como el futuro de la Unión Europea, cuestión a la que ambos dieron una gran relevancia en la conferencia de prensa con la que cerraron la cita bilateral.
Szydlo, a quien la oposición de su país ha llegado a calificar de «antieuropeísta», aseguró que España y Polonia comparten su visión de una Unión Europea «consolidada y fuerte».
«La unidad y la cohesión son los valores primordiales, y los aspectos clave son profundizar en el mercado único europeo y consolidar la competitividad», añadió.
En este contexto, explicó que los dos países se oponen a cualquier barrera que pueda perjudicar la libre circulación de personas, mercancías, productos y servicios.
También aseguró que se oponen a la propuesta de nueva directiva de desplazamiento de trabajadores.
El objetivo de esta directiva es lograr que los trabajadores que tengan su empleo en un estado miembro y hayan sido enviados por su empleador a trabajar temporalmente a otro, se beneficien de las mismas normas salariales y laborales que los trabajadores locales.
La directiva pretende aplicarse a los trabajadores que permanezcan al menos tres días en otro país, y encarecería los costes de las empresas que envíen a sus trabajadores a países con cargas laborales más elevadas, como en el caso de los polacos desplazados a Alemania.
Rajoy expresó su preocupación, por ejemplo, por lo que afecta al sector del transporte y consideró que «no tiene ningún sentido» fijar un plazo de tres días para que entren en vigor sueldos de otros países porque cree que va contra la libre circulación. Por ello, explicó que le gustaría que el transporte no formara parte de la directiva y precisó que, si finalmente sí lo fuera, «no es aceptable ese plazo de tres días».
El jefe del Gobierno dijo que ya habló de este asunto con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su reunión de este mes en el Palacio del Elíseo e insistió en que España va a intentar buscar una posición que satisfaga a todos.
También la primera ministra polaca explicó que los países del este están en contacto con Macron, uno de los defensores de la directiva, y confió en un acuerdo aunque asumió que no se trata de una tarea fácil.