La ONU espera «medidas» ante los abusos cometidos en Venezuela

Un informe detalla atropellos como el uso de fuerza excesiva y letal, malos tratos y torturas.

La constituyentista Gladys Requena durante la sesión de la Asamblea Nacional. EFE

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León

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Céline Aemisegger | Ginebra

La ONU pidió al Consejo de Derechos Humanos que tome medidas para prevenir un deterioro en Venezuela ante las «extensas» violaciones de derechos humanos cometidas en el país en el marco de las protestas antigubernamentales. «Voy a urgir al Consejo a que tome medidas que eviten que la situación de derechos humanos empeore en Venezuela, pero depende de este órgano decidir qué medidas tomará, ya sea en la forma de un mecanismo de supervisión, informes regulares o una comisión de investigación», declaró ayer el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid R’aad al Hussein.

La ONU no tiene acceso al país andino desde al menos 2014, por lo que el organismo pidió de nuevo al Gobierno de Nicolás Maduro que le permita visitas ‘in situ’. Para el diplomático jordano la democracia en Venezuela «está apenas viva, si es que sigue viva». Pese a ello, la ONU no apoya la imposición de sanciones a Venezuela si «empeora la situación de los derechos sociales y económicos de los venezolanos», afirmó el abogado de derechos humanos del organismo, Hernan Vales.

Lo que sí espera la ONU es que su investigación sirva para la rendición de cuentas de los responsables de los abusos y que sea utilizada por la Comunidad Internacional y organismos como la Organización de Estados Americanos para, entre otras cosas, determinar si se han cometido crímenes contra la humanidad.

El informe no se refiere a posibles crímenes contra la humanidad, porque no era su propósito, «pero tampoco lo excluye», por lo que «hacen falta más investigaciones», dijo Vales.

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La ONU detalla en el informe el uso de fuerza excesiva y letal, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos e incluso torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas particulares, juicios militares contra civiles y ataques contra periodistas y ataques y restricciones contra opositores.