La oposición venezolana no dialogará con el Gobierno si no hay garantías

jessica querales | caracas

La oposición venezolana aseguró ayer que no comenzará un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro hasta que este no le garantice de que cumplirá la agenda planteada en las conversaciones en República Dominicana, y señaló que el proceso aún es exploratorio porque no hay confianza hacia el oficialismo.

Esta semana representantes del Gobierno de Venezuela y su oposición política se reunieron en la capital dominicana en la fase inicial de un nuevo y eventual proceso de diálogo en la nación petrolera, que atraviesa una grave crisis económica, política y social.

Luis Florido, diputado venezolano y negociador opositor para estas conversaciones, dijo ayer a los medios que, hasta ahora, los encuentros que hubo en Santo Domingo, bajo la invitación principal del presidente dominicano, Danilo Medina, han sido exploratorios.

«Nosotros hemos aprendido la lección con el Gobierno», señaló al tiempo que insistió en que no habrá negociación hasta que se acuerden las condiciones propuestas.

Según Florido, la oposición presentó una agenda y no se saldrá de ella ya que, afirmó, representa las aspiraciones de los venezolanos y no responderán a la agenda de «otros».

Entre las condiciones planteadas en la mesa al Gobierno detalló la realización de elecciones presidenciales transparentes con un Poder Electoral nuevo, además de garantes y observadores internacionales de estos comicios. Asimismo, se incluyen garantías para quien resulte escogido en esta elección y para quienes sean electos como gobernadores en las elecciones regionales que se celebrarán el 15 de octubre.

También la liberación de «presos políticos» y la situación de los exiliados, un aspecto que resaltó que para la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es «fundamental» ya que no se puede llegar a un proceso de negociación con «presos políticos e inhabilitados».

Otro de los temas es la restitución de funciones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -declarada en desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia-, y la atención a la «emergencia humanitaria que viven los venezolanos».