El Parlamento venezolano supera el desafío del Gobierno y vuelve a su sede
El día anterior una amenaza de bomba aireada en las redes sociales impidió una sesión.
efe | caracas
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, superó ayer el desafío de las fuerzas de seguridad del Estado, que restringieron los accesos al Palacio Legislativo, y se reunió un día después de que una amenaza de bomba aireada en las redes sociales impidiera una sesión ordinaria. Los diputados se encontraron con problemas para acceder al Palacio Legislativo por la lenta y exhaustiva revisión de sus credenciales que hicieron los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), a la que la oposición acusa de estar subordinada a los intereses del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La propia Cámara informó luego de que el quórum se completó con 87 legisladores, varios de ellos suplentes tras las detenciones de algunos diputados y las acogidas de otros en distintas embajadas en Caracas.
Una treintena de uniformados distribuidos en varios grupos bloqueó el ingreso de la prensa a la sede del Parlamento, incluidos los integrantes del canal en línea Capitolio TV, que transmite las sesiones en vivo.
Para superar este último escollo el departamento de comunicaciones de la Cámara y los asistentes de los diputados transmitieron cortes de la sesión a través de las redes sociales, un recurso del que ya ha echado mano antes el Legislativo y que fue la única forma de seguir la sesión.
De la amenaza de explosivos que obligó el martes a desalojar el edificio no se tuvo mayor información, pese a que ese mismo día la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano integrado solo por afectos al chavismo, se instaló sin problemas en la misma sede del Palacio Federal Legislativo apenas unas horas después.
El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, enfatizó que aún no se ha mostrado «la primera evidencia» de que la alerta de bomba fuera real, al tiempo que indicó que el Gobierno «da pena (vergüenza) ajena» al ejecutar estas acciones.