Chirac podría lograr la inmunidad penal para sus casos de corrupción

Los doce «sabios» tienen de plazo hasta el próximo 31 de diciembre para estudiar la cuestión y presentar un informe de propuestas de reforma del artículo 68 de la Carta Magna francesa si lo consideran necesario. Se trata de una de las promesas electorales de Chirac, quien fue reelegido para un nuevo mandato de cinco años el pasado 5 de mayo. Los escándalos político-financieros a los que se ha vinculado el nombre de Chirac han puesto en evidencia la ambigüedad del artículo 68 de la Constitución, que fija desde 1958 las reglas de la responsabilidad del presidente de la República, pese a las precisiones que el pasado octubre hizo el Tribunal Supremo. La más alta jurisdicción francesa resolvió que el jefe de Estado tiene inmunidad penal durante su mandato pero que, en ese período, se suspende la prescripción de los delitos que se le pudieran imputar por hechos ocurridos antes de su llegada al Elíseo. Con esa decisión, el Supremo puso a Chirac a salvo de posibles persecuciones judiciales hasta que abandone la Jefatura del Estado. El grupo de «sabios», que se instalarán en el Ministerio de Justicia, tienen que pronunciarse ahora sobre una eventual revisión, que después sería «discutida», en palabras de Chirac. El presidente francés firmó el decreto de la creación de la comisión de magistrados el pasado jueves. En la carta dirigida a los doce «sabios», Chirac subraya que su «reflexión» deberá centrarse en las «exigencias y obligaciones de la misión» del jefe de Estado y apoyarse, si es necesario, en las «disposiciones retenidas sobre la materia en las democracias comparables a la nuestra». Por otro lado, el juez instructor del «caso Elf», Renault Van Ruymbeke, ha dictado una orden de puesta en libertad bajo control judicial del considerado como personaje clave de ese escándalo, Alfred Sirven. El magistrado, que concluyó la instrucción de ese voluminoso sumario el pasado 12 de mayo, tomó esa decisión ayer en razón del no respeto del plazo razonable del periodo de detención provisional de un procesado, desveló ayer Le Figaro.