Uribe declara el estado de excepción para frenar la violencia en Colombia

De acuerdo con la Constitución, la declaración el Estado de Conmoción Interior, que se puede extender hasta 90 días prorrogables, implica limitaciones a las libertades individuales. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, convocó un consejo extraordinario de ministros «para estudiar diversas medidas que permitan contener la racha de violencia» lanzada por los rebeldes y paramilitares en todo el país, que, desde que asumiera el poder, el pasado miércoles, ha dejado un saldo de al menos 115 muertos. En esta reunión, Uribe decidió acudir a la figura del Estado de conmoción interior, consagrada en el artículo 213 de la Constitución, a fin de enfrentar las graves alteraciones de orden público que sufren los colombianos. Uribe y sus ministros debían enviar ayer a la Corte Constitucional el texto de la declaración del Estado de conmoción interior y de los decretos expedidos en consecuencia, con el fin de que este tribunal evalúe su constitucionalidad. A través de la Conmoción, la Administración puede modificar el presupuesto e «imponer contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de la conmoción, y percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas (...)», según lo establece el artículo 38 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Necesidades militares El Ejecutivo colombiano anunció que necesita recursos para crear tres nuevas brigadas móviles del Ejército de 2.500 a 3.000 hombres, implementar la anunciada red de soldados y policías de apoyo -integrada por ciudadanos que recibirán una remuneración inferior a un salario mínimo- con 100.000 nuevos policías y soldados de apoyo y 10.000 agentes, y financiar 1,2 billones de pesos que hacen falta a fin de garantizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas para aumentar su presencia en todo el territorio nacional, según informó la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez. Para cumplir con estos propósitos, durante la reunión aprobó decretos de tipo económico amparados en la conmoción interior. Así, se acordó un nuevo impuesto al patrimonio que permita recaudar dos billones de pesos (780.000 euros) para que los organismos de seguridad del Estado recuperen y garanticen la seguridad de los colombianos de forma inmediata «con el propósito de conjurar los actos que han perturbado el orden público e impedir que se extiendan sus efectos». La declaración del Estado de conmoción interior restringe el derecho de circulación y residencia, exige a personas determinadas que con dos días de antelación comuniquen sus desplazamientos fuera de la localidad donde tengan su residencia habitual, puede utilizar temporalmente bienes e imponer la prestación de servicios técnicos y profesionales. Asimismo, establece restricciones a la radio y la televisión para divulgar informaciones, somete a permiso previo o restringe la celebración de reuniones y manifestaciones que puedan perturbar el orden público, dispone la interceptación de comunicaciones y limita o raciona el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.