El Fiscal argentino respalda la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida

En su informe, Becerra resaltó el «compromiso del estado» en el juzgamiento y la sanción de personas que cometieron delitos contra la humanidad. El procurador definió que «la violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy, en forma generalizada, invade la vida cotidiana de nuestro país, debe ser contrarrestada con mensajes claros de que impera el estado de Derecho», y pidió a la Corte «remediar los casos concretos de injusticia». La inconstitucionalidad de las leyes de «obediencia debida» y «punto final» (o leyes de amnistía) había sido declarada en distintas causas por dos jueces federales de Primera Instancia en marzo y en octubre de 2001. Luego, en noviembre, la Cámara Federal confirmó los fallos en segunda instancia. Los organismos humanitarios esperaban ahora una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la misma línea, a fin de que se pueda juzgar a un millar de uniformados que secuestraron, torturaron y asesinaron a detenidos ilegales, pero que quedaron libres de todo proceso gracias a las leyes sancionadas en los 80, en plena ofensiva de militares rebeldes contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89). La versión que trascendió el viernes -difundida por Radio Mitre de Buenos Aires- indicando una votación de seis a tres contra la nulidad, causó estupor entre los organismos que prefirieron aguardar un pronunciamiento oficial del alto tribunal. El primer fallo que declaró la nulidad fue el del juez federal Gabriel Cavallo que estaba juzgando a militares que en 1977 se habían apropiado de una niña, Claudia Poblete, en una causa iniciada por la organización Abuelas de Plaza de Mayo. En ese proceso, el Centro de Estudios Legales y Sociales se presentó como parte querellante y pidió al magistrado que ampliara la investigación a los responsables del secuestro de los padres de la menor secuestrada y apropiada. Los padres fueron secuestrados, torturados y están desaparecidos. El juez aceptó al organismo en la querella y declaró la «inconstitucionalidad» de las leyes de amnistía que mantenían libres de proceso a los militares que participaron en las vejaciones y asesinato del matrimonio.