Las organizaciones agrarias alertan que sería fatal el fin de las ayudas
Las organizaciones profesionales agrarias españolas -Asaja, UPA y COAG han lanzado la voz de alarma al Gobierno ayer sobre las fatídicas consecuencias que para el campo español puede tener la propuesta franco-alemana de congelar los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en el nivel de 2006, para el periodo 2007-2013, como forma de extender las ayudas a los 10 países que ingresarán en la UE. El pacto entre franceses y alemanes supone que las ayudas estructurales (directas y a la producción) del campo en Europa no serían modificadas sobre su nivel actual hasta 2006, pero a partir de esa fecha, el límite anual para ello seguiría siendo de 45.000 millones de euros al año hasta el 2013. Con ello, Francia lograría que se frenase la iniciativa actual de modificar la PAC que ha propuesto el comisario Fischler, al menos hasta que se acabe el actual periodo de perspectivas financieras, dentro de cuatro años, consciente de que una reducción paulatina de las ayudas directas a partir de esa fecha será inevitable. Todas coinciden en advertir que de llevarse a cabo el pacto en los términos acordados, puede tener unas consecuencias muy perjudiciales para las explotaciones agrarias españolas, dado que son de menor rendimiento que las francesas (país que es el principal preceptor de ayudas agrarias) y las alemanas. De esa forma, entienden que el coste de la ampliación de la UE ser haría a costa de las rentas agrícolas más desfavorecidas, que son las del sur de Europa, frente la postura alemana, a cuyo sector agraria no costaría nada ese proceso, o Francia, cuyos niveles de rentabilidad se distanciarían aún más de los de España y los países del sur. Fondos ilógicos A todas las organizaciones profesionales agrarias les parece ilógico que tenga los mismos fondos estructurales en un futuro un sector agrario que en la actualidad es de 6,7 millones de agricultores y 130 millones de hectáreas, que otro con 25 países, que tendrá más de 15 millones de explotaciones y 60 millones de hectáreas más. A su entender, no se puede zanjar con un acuerdo entre dos países comunitarios una cuestión que afecta a los 15 que actualmente la conforman y a los 25 que está previsto que sean a partir de 2006. La postura de UPA, cercana al sindicato UGT y a la oposición socialista, es la más radical de todas en contra del acuerdo, hasta el punto de que añade la convocatoria de un paro general en el campo si España no veta ese pacto franco-alemán y acepte una congelación de los fondos agrarios desde 2006. A su entender, esa iniciativa supondría la desaparición de miles de explotaciones pequeñas y medianas en España, cuya viabilidad se sustenta en la percepción de fondos comunitarios, con la única supervivencia de las de mayor envergadura. COAG considera la iniciativa «inaceptable, injusta y nada equitativa», hasta el punto de advertir que tampoco sería bueno que se aplazara hasta 2006 la reforma de la política agraria que se pretende hacer a corto plazo, aunque los términos en los que la plantea Fischler no sean los más adecuados. Para esta organización, cercana también a la oposición política y sindical en España, aunque la reforma planteada tiene grandes defectos, aparcarla ahora como pretende Francia «llevaría a una situación sin margen de maniobra en 2006». Asaja, la asociación de jóvenes agricultores y la más cercana de todas al PP y a la patronal CEOE, espera que el presidente del Gobierno, que es quien analiza en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE la propuesta franco-alemana, explique la repercusión que ese pacto supone para España, y tenga en cuenta que puede ser muy perjudicial para los intereses del campo. Asaja pide al Gobierno que no dé por buenos acuerdos alcanzados por otros.