Nicaragua renuncia abiertamente a la democracia: "Aquí no volverá a haber elecciones"

La comunidad internacional asiste con enorme preocupación a la involución democrática que sufre Nicaragua y que, sin ser nueva, alcanzaba hace unos días una peligrosísima cota, con el anuncio del fin de los procesos electorales en el país. Fue el propio Daniel Ortega, en la presidencia desde hace casi un par de décadas, quien comunicó el pasado domingo una decisión que, sostiene, pretende evitar que el poder pase a manos de la oposición, a la que acusa de "traición a la patria". "¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno", sentenció durante un multitudinario acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua. La medida, que exige cambios legales para que se haga realidad, fulmina cualquier esperanza de alternancia política en la nación centroamericana, que subsiste bajo una dictadura cada vez más evidente.

Hace tiempo que Ortega, el mandatario más longevo de América a sus 80 años (81 en noviembre, uno más que Donald Trump), trata de silenciar a la disidencia y perpetuarse en el poder, que comparte con su esposa, Rosario Murillo, a quien convirtió en copresidenta en 2025 tras ocho años en el papel de vicepresidenta. Entre sus cuestionables decisiones para aferrarse al cargo destaca la profunda reforma constitucional que promovió durante la actual legislatura para ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años y que, como consecuencia, retrasó los comicios previstos para el próximo noviembre hasta 2027. Si su nueva propuesta sale adelante, y cuenta con todos los medios para lograrlo, esas elecciones no llegarán a celebrarse. En Nicaragua, advirtió, "se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (en referencia a Estados Unidos) volverán a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás".

La revisión de la Carta Magna ejecutada hace año y medio en este país de apenas 7 millones de habitantes allanó el camino para que Ortega y Murillo, ambos forjados en el movimiento sandinista, actúen a su antojo y ahora puedan robar el derecho al voto a sus compatriotas. Aquella modificación acabó con la separación de poderes del Estado y dio autoridad total a la pareja, que ya ha recibido la confirmación de la Asamblea Nacional -con todos sus escaños controlados por el oficialismo- sobre el comienzo de los trámites legales para liquidar los procesos electorales.

"Estamos iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales", comunicó la institución, que no dio detalles sobre cómo se materializará la orden.

Antecedentes

Una reforma constitucional en 2025 acabó con la separación de poderes y dio el control total a la pareja presidencial El presidente, que suma cuatro mandatos consecutivos entre sospechas de fraude electoral, insiste en que "hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias", como califica a la mermada oposición que aún alza la voz en la nación centroamericana y que, en su opinión, pretende un golpe de Estado. La mayoría de los críticos -políticos pero también periodistas, intelectuales y religiosos, con la Iglesia católica en el punto de mira- ha acabado en los últimos años en la cárcel o en el exilio, en muchos casos despojados de sus propiedades e incluso de su nacionalidad. Juan Sebastián Chamorro, uno de esos líderes disidentes desnacionalizados, recibió la decisión del antiguo guerrillero de prohibir los comicios como un jarro de agua fría y no ocultó su gran temor de que Nicaragua se convierta en un país de partido único, como China o Corea del Norte. "Daniel Ortega es una amenaza para la democracia", avisó, convencido del riesgo de contagio de este modelo autocrático al resto de América Latina.

La advertencia de EE UU

La alarma tras el anuncio del mandatario nicaragüense, que arrastra varias enfermedades y llevaba dos meses sin aparecer en público hasta el pasado domingo, saltó también en otros países de la región, como Panamá, que llamó a consultas a su embajador en Managua, o Costa Rica, que denunció "el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra los disidentes" en la nación vecina. Estados Unidos cargó asimismo contra Ortega y Murillo. "Han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular", señaló el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien adelantó que la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados. "Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales", lamentó la ONU.

La llegada de Ortega a la presidencia en 2007 aceleró el deterioro a todos los niveles de Nicaragua, donde hace una década que no se publican cifras oficiales de pobreza aunque, calculan organizaciones humanitarias, siete de cada diez hogares no pueden costearse la cesta básica de la compra. Uno de los episodios más graves bajo su mandato se registró en 2018 cuando el dirigente sandinista reprimió con dureza una ola de masivas protestas contra su Gobierno que se alargaron casi tres meses y que se saldaron, según Naciones Unidas, con más de 300 personas muertas a manos de las fuerzas del orden.