Argentina firma la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra en el país

En un gesto contundente a favor de juzgar en Argentina a los militares responsables de graves violaciones de los derechos humanos, el presidente Néstor Kirchner firmó un decreto para que el país se adhiera a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (1968), un tratado que impone a sus adherentes adecuar sus leyes para que nada impida procesar a los acusados de esos graves delitos. En otro decreto, Kirchner pidió al Congreso que el tratado sea incorporado a la Constitución nacional para que entre en vigor este mismo año. La medida presidencial provocó euforia entre organismos de derechos humanos. «Esto hay que festejarlo», celebró Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. «Me animo a decir que en este país las cosas están cambiando», destacó. Desde hace 26 años, las Abuelas trabajan para localizar a niños desaparecidos que fueron secuestrados o nacieron en el cautiverio de sus padres durante la dictadura militar (1976-83). «Antes, para ver a un presidente tenía que pedir audiencia, ahora me convocan muy seguido», comparó. Con la firma del decreto, Kirchner forzó a los legisladores a construir un rápido consenso a favor de la nulidad de las leyes de «punto final» y «obediencia debida» que habían frenado los procesos contra militares que participaron de la represión ilegal durante el régimen. Los diputados tenían al menos cinco variantes para eludir ese obstáculo y retomar los juicios, pero se alinearon detrás de la propuesta más clara de nulidad, que fue presentada por la diputada izquierdista Patricia Walsh y tenía el apoyo de los organismos humanitarios. La ley de Punto Final, aprobada en 1986, había fijado un plazo de 60 días para que la Justicia convocara a militares involucrados en la llamada «guerra sucia». De esa manera, el Gobierno de Raúl Alfonsín (1976-83) pretendía poner fin al desfile constante de militares ante los tribunales. Luego, la ley de Obediencia Debida -sancionada bajo la presión de una asonada militar en 1987- justificó la represión en el cumplimiento de órdenes emanadas de la superioridad. Fin de la impunidad Aquellas leyes dejaron en libertad a miles de uniformados con procesos por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones. Pero ahora -apremiados por la Justicia española, que reclamó en julio a 45 militares y un civil para ser juzgados en Madrid- el debate sobre la impunidad se reabrió. Los diputados celebraron ayer una sesión especial convocada para decidir el destino final de las controvertidas leyes mientras, fuera del edificio, miles de manifestantes de organismos sociales y de derechos humanos exigían la nulidad de las normas y el castigo efectivo a los responsables de la represión de los años 70. Kirchner se había manifestado ya de acuerdo en derogar un decreto del ex presidente Fernando de la Rúa que impedía otorgar las extradiciones, pero también había expresado su preferencia por reabrir los procesos contra militares en Argentina. Para ello, reclamaba a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tal como expresaron jueces de primera y segunda instancia en diversos casos particulares en los que se cometieron gravísimos abusos contra prisioneros clandestinos. Pero los integrantes del máximo tribunal podrían demorar meses en pronunciarse por un fallo que hoy resulta impredecible. Ante este escenario incierto, el Congreso decidió dar una señal política que expresara su deseo de enmendar el error de aprobar aquellas leyes de amnistía, profundizando así la línea marcada por el presidente. Los diputados evaluaron distintos proyectos y hoy, después de que el presidente firmara la adhesión a la Convención, acordaron que la «nulidad» de las normas era el más claro y directo proyecto para acompañar la decisión presidencial. Por otra parte, el juez argentino Ricardo Lona, que estaba siendo sometido a un proceso de destitución por su presunta complicidad con crímenes cometidos durante la última dictadura militar, renunció ayer. La dimisión de Lona, magistrado de la Cámara Federal de la norteña provincia de Salta, se conoció un día después de que el Consejo de la Magistratura aprobase tres dictámenes acusatorios en los que se le hacen graves cargos.