LA ONU vuelve a aplazar la votación para levantar las sanciones a Libia

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó ayer temporalmente la votación de la resolución que establece el levantamiento de las sanciones a Libia, debido a la amenaza de veto de Francia. Pocos minutos antes de la sesión prevista para levantar las sanciones, Francia pidió al presidente de turno del Consejo de Seguridad, el embajador británico, Emyr Jones Parry, que aplazará la votación del proyecto de resolución. El Reino Unido ya ha pospuesto varias veces la votación, a petición de Francia, para dar tiempo a que París y Trípoli alcancen un acuerdo sobre una indemnización equitativa para las familias de las víctimas del atentado en 1989 contra un avión de la compañía francesa UTA. El gobierno francés señaló que Trípoli sigue sin dar las garantías necesarias sobre el aumento de la cuantía de la indemnización de las familias de las 170 víctimas del atentado perpetrado cuando el avión de UTA sobrevolaba Níger en 1989. «Ante la ausencia de un acuerdo justo entre las familias de las víctimas del atentado y el gobierno de Trípoli, Francia no tendrá otra opción que oponerse al proyecto de resolución», señaló ayer un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. En una consulta previa a la hora de la votación, la delegación británica manifestó su intención de conceder más tiempo a Francia, pero que éste debía ser limitado. Aunque los británicos quieren que la resolución sea adoptada y esperar un poco más ante la amenaza de veto de Francia, expresaron su deseo de que sea sometida a votación lo antes posible. Fuentes diplomáticas señalaron que la posición del Reino Unido es dar unas cuantas horas más, así como hay la posibilidad de que la resolución se someta a votación a finales del día. Un juez federal ha admitido a trámite las demandas presentadas por familias de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos contra las compañías aéreas, el fabricante de aviones Boeing y los propietarios del World Trade Center. Las aerolíneas estiman que no deben ser consideradas responsables de lo ocurrido porque fue un ataque sin precedentes y que cumplieron las medidas de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein estimó que los ataques eran un «riesgo previsible» del que las compañías debieron haberse protegido. «Aunque puede ser verdad que los terroristas nunca habían estrellado aviones deliberadamente con anterioridad contra edificios, las aerolíneas podían prever razonablemente» que accidentes que causaran muerte y destrucción en tierra eran peligros potenciales si secuestradores tomaban el control del avión, según el magistrado. La sentencia del juez está relacionada con las demandas presentadas por unos 70 individuos heridos o que representan a fallecidos y 10 entidades que sufrieron daños materiales en los ataques que causaron la muerte de más de 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania. Las demandas están dirigidas contra American Airlines, United Airlines, Boeing y la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, quienes alegaron que no hubo negligencia de su parte que fuera causa de la tragedia. Sin embargo, el juez desestimó argumentos de los demandados, entre ellos el de Boeing, que considera que el hecho de que los terroristas tomaran el control exime a la compañía de toda responsabilidad. Los demandantes afirman que la puerta de la cabina de los pilotos debería haber sido diseñada para prevenir que los terroristas pudieran entrar. La sentencia era esperada por numerosas familias que deben decidir si se unen a estas demandas o solicitan dinero del fondo de compensación federal creado por el Congreso a raíz de los ataques. El 22 de diciembre es la fecha límite para solicitar una compensación del fondo, destinado a familiares de fallecidos y heridos en los atentados contra las torres gemelas, el Pentágono y en el avión que se estrelló en una zona rural de Pensilvania. Hasta ahora, unas 2.300 familias han solicitado la ayuda y estarían pendientes de tomar una decisión otras 1.700. Las compensaciones del fondo, con el que se esperaba proteger a la industria aeronáutica de cualquier litigio judicial, van desde los 250.000 dólares a 1,5 millones en promedio, aunque en algunos casos se ha superado ampliamente esta suma.