Un juez pide juzgar a Pinochet y procesa a los líderes de la temible Dina

La polémica entrevista que el ex dictador chileno Augusto Pinochet concedió el 24 de noviembre a una televisión anticastrista de Miami -contrariamente a sus intenciones de ser recordado «como un ángel patriota», tal como dijo en esa oportunidad- podría llevarlo a perder su inmunidad judicial después de que un juez decidiera ayer pedir su desafuero acogiendo una solicitud de los abogados que representan a las víctimas de la llamada operación Cóndor, el acuerdo de las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 con el que se propuso el exterminio de los militantes de partidos de izquierda de la región. El detonante de esta nueva encrucijada judicial para Pinochet, de 86 años, fue el procesamiento dictado ayer por el juez Juan Guzmán Tapia contra tres ex jefes del órgano represivo de la dictadura, la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional , la temible Dina y que, fueron el eslabón chileno de la operación Cóndor, en la que también participaron las dictaduras de Argentina, Uruguay y Paraguay. Está cuerdo La decisión de si Pinochet deberá enfrentarse o no a los tribunales chilenos queda ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá pronunciarse sobre la petición de los abogados acusadores, quienes consideran que en la entrevista de Pinochet demostró «lucidez y cordura», que no sufre de la demencia leve que lo ha salvado de ser enjuiciado y que, en su calidad de ex jefe del Gobierno de facto que ordenó la represión, debe ser procesado por este caso. El magistrado Juan Guzmán Tapia, el mismo que procesó a Pinochet en 1998 por el caso Caravana de la Muerte, determinó que el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, el ex segundo hombre de esa organización, brigadier retirado Pedro Espinoza, y el ex jefe de su departamento exterior, el ex coronel Christoph Willikie, son responsables, como «autores del delito de secuestro calificado», de la detención y desaparición de nueve chilenos en el marco de la fatal operación Cóndor. La decisión del magistrado, la primera adoptada después de 28 años de acaecidos los hechos, motivó a los abogados acusadores y que representan a los familiares de las víctimas, Eduardo Contreras, Francisco Bravo y Sergio Concha, a pedir formalmente al juez Guzmán que pidiera que Pinochet pierda su inmunidad judicial.