Podrá imponer el toque de queda y órdenes de detención pero no la prometida amnistía
Alawi recibe amplios poderes para combatir a los insurgentes en Irak
Los ministros de justicia y derechos humanos iraquíes defendieron el decreto La ola de violencia salpica de mue
Soldados iraquíes evacúan a un compañero herido en los enfrentamientos del centro de Bagdad
El primer ministro iraquí, Iyad Alawi, tendrá plenos poderes en materia de seguridad para intentar acabar con la violencia que asola el país, mediante un decreto para «la seguridad nacional», firmado ayer, que le permitirá imponer el toque de queda, emitir órdenes de arresto, disolver asociaciones, restringir desplazamientos y solicitar escuchas telefónicas. El Gobierno interino, que recibió el poder de la coalición hace nueve días, justificó este texto por las «circunstancias que atraviesa Irak y la necesidad de contrarrestar el terrorismo y a los forajidos». También subrayó, en el último artículo del decreto, que «está decidido a proteger a los ciudadanos (...) garantizar los derechos cívicos y políticos y preparar las condiciones de seguridad apropiadas para celebrar elecciones libres y democráticas». De hecho, Alawi puede desde ayer mismo, de acuerdo con el jefe de Estado y sus dos vicepresidentes, promulgar «una ley de urgencia en cualquier zona» del país si considera que la seguridad está amenazada. Puede mantenerla 60 días y prolongarla por un período de 30 días con una carta acompañada de un documento de la misma naturaleza del consejo presidencial de tres miembros. El primer ministro puede, con el aval de la justicia, «dictar órdenes de detención, de registro» y «reducir los desplazamientos en el interior de Irak o controlar la salida del país e imponer restricciones sobre reuniones y porte de armas y municiones». También puede «imponer el toque de queda por un período ilimitado en regiones donde haya una amenaza para la seguridad» y restringir «los movimientos de dinero, congelar los activos de las personas sospechosas de complot, rebelión armada o asesinato». Los ministros de Justicia y de Derechos Humanos, Malek Dohan y Hasán Bajtiar Amín, defendieron este decreto ante la prensa para intentar eliminar la impresión de un retorno a un Estado autoritario, amparandose en la peligrosidad de los terroristas.