Chávez lanza su reforma agraria pese a las protestas de los gremios

El Gobierno venezolano arreció su guerra contra el latifundio al tiempo que sectores empresariales y de oposición insisten en la «inconstitucionalidad» de las recientes intervenciones de tierras y empresas «improductivas y baldías». El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció el domingo la creación de una empresa estatal de «genética productiva» en una de las cuatro fincas recientemente intervenida por el Gobierno. Advirtió que «va a acabar» con la tierra ociosa y exhortó a los «latifundistas a aceptar» esa «realidad y cooperar» con el Gobierno o, de lo contrario, se les aplicará todo el peso de la Ley de Tierras. Paralelamente, decenas de opositores se reunieron en algunas calles y plazas del este de Caracas para tocar cacerolas en rechazo a la reforma agraria, y la Asociación de Ganaderos repudió la creación de la empresa pública en una de las finca intervenidas. El nuevo Centro Genético Productivo Florentino, estatal, funcionará en el hato «La Marqueseña», una finca de 8.490 hectáreas intervenida, hace dos semanas, por el Instituto Nacional de Tierras (Inti). El organismo intervino «La Marqueseña» porque los dueños no demostraron la titularidad de la propiedad, dijo Chávez al asegurar que esas «tierras son del Estado». Quejas de los gremios La lucha contra la tierra improductiva busca desarrollar el abandonado campo de Venezuela, quinto exportador mundial de crudo, y acabar con la dependencia alimentaria del país, que importa el 80% de la comida que consume, agregó. Pero los gremios empresariales insistieron el domingo en que las medidas de intervención y expropiación de tierras e industrias son «ilegales e inconstitucionales» y sostuvieron que batallarán judicialmente contra el Gobierno. Aunque la Constitución garantiza el derecho a la propiedad y ampara las figuras de intervención y expropiación «por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización». La Asamblea Nacional, de 165 miembros, actualmente dominada por el oficialismo, debe declarar el bien como de utilidad pública para que se pueda proceder a la expropiación.