Prisioneros del ADN

Alan Crotzer cumplió 24 años de prisión por un crimen que no cometió. Las pruebas científicas conseguían sacarlo de la cárcel esta semana con 45 años de edad y sin rencor en el corazón: «No estoy amargado» respondía ante la prensa, mientras dos policías le liberaban de los grilletes en las manos y los pies. Como él más de 172 personas en EE.UU. han tenido que recurrir al ADN para probar la inocencia que un jurado les negó. Un último recurso a la ciencia en país donde la pena de muerte no siempre otorga tiempo a la justicia. Como si de una película se tratase, con los brazos en cruz y dando gracias a Dios, Crotzer era recibido el pasado lunes como un héroe entre gritos de júbilo de familiares y amigos. Antes un tribunal había dictado la orden de libertad ante en una sala de justicia abarrotada de medios de comunicación. «¿Está usted preparado para escuchar lo que lleva años esperando?». Con esta pregunta, formulada por el magistrado J. Rogers Padgett, terminaba la odisea personal del condenado. Su historia, una repetición de desafortunadas coincidencias, prejuicios raciales y fallos en el proceso judicial, comenzaba en 1981 cuando era acusado por la ciudad de Tampa de robo a mano armada y violación. Crotzer fue llevado entonces a una rueda de identificación junto a dos delincuentes habituales, Douglas y Corlenzo James, quienes siempre negaron que Alan participara en los atracos. Aún así un testigo identificó al hombre como uno de los asaltantes. El jurado lo condenó a 130 años de cárcel basándose en «pruebas circunstanciales». Lo que podría haberse convertido en una «triste historia» más de compañeros de celdas, consiguió un final feliz gracias a la ONG «Proyecto Inocencia». Creada en 1992 por grupo de abogados neoyorkinos, la organización lucha por demostrar la no culpabilidad de presos en el corredor de la muerte, o con cadena perpetua, a través de pruebas de ADN. Una nueva «ley» para los inocentes Ayudados únicamente por estudiantes de derecho, con más de 4.000 solicitudes pendientes y 1.500 cartas cada año, la labor de esta organización era, hasta hace apenas un año, prácticamente imposible. La principal dificultad residía en que muchos estados se negaban a realizar nuevas pruebas después de haber dictado la sentencia. Sin embargo en octubre de 2004 el congreso norteamericano aprobaba una nueva legislación que permitía a nivel nacional aportar nuevas pruebas en los casos donde existiera dudas de la imparcialidad de la sentencia. La nueva ley proponía además que el estado compensara a los condenados por el perjuicio causado. Para Crotzer, que nunca ha tenido un trabajo y cuya madre murió de cáncer mientras el estaba en la cárcel, la legislación quizá llegue tarde. Aún así sus abogados han anunciado que pedirán una compensación.