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La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció ayer que propondrá una reforma a la Constitución para garantizar el derecho a la educación que demandan los estudiantes secundarios. Más de 600.000 escolaresprotagonizaron ayer su segunda huelga nacional en menos de una semana, con el apoyo de 300.000 universitarios y más de un centenar de organizaciones sociales, con incidentes que dejaron más de 80 detenidos. La bonanza económica de Chile por el alto precio del cobre ha dejado al descubierto el malestar juvenil por un neoliberalismo que convierte la libertad de educación en un negocio y el derecho a la educación en retórica. Un día antes de abandonar el poder, en 1990, el general Augusto Pinochet, aplicó a la educación la estricta receta neoliberal que los Chicago Boys de la Universidad Católica inauguraron en Chile en los años 70 y cuyo ingrediente principal era la venta del Estado. Los liceos públicos pasaron a ser administrados por los mu-nicipios -bajo la supervisión de alcaldes adscritos al régimen- y se liberalizó sin límites la industria escolar privada que quedó en manos de empresarios ávidos de invertir en un nuevo negocio. Los municipios cobran desde entonces una subvención por cada alumno que asiste a clases. Resultado: en las comunidades ricas donde asisten todos los alumnos la subvención es amplia. En los barrios pobres donde campea el ausentismo los colegios se caen a pedazos. La segregación social causada por el sistema es notoria, y la refleja perfectamente la frase de un dirigente escolar que lidera las protestas de estas últimas semanas: «A los estudiantes de los barrios altos les están enseñando a mandar; a nosotros, a obedecer». Los colegios privados florecieron por todo Chile, a la vez que se redujeron los sueldos y la calidad de los profesores y se crearon decenas de universidades privadas con las materias más exóticas. Estas últimas tienen prohibido obtener beneficios, pero dieron con la solución: pagar arriendo a las constructoras dueñas de los terrenos donde están construidas y que en muchos casos pertenecen a los propietarios del centro docente. El negocio de la educación privada es desde entonces toda una in-dustria nacional, en manos de empresas, la Iglesia católica, los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, y la pública permanece en manos de los municipios con maestros que imparten varias materias y a varios cursos por un sueldo mínimo. Con las protestas, los estudiantes exigen gratuidad en el transporte escolar y en la prueba de acceso a la universidad, pero en el fondo buscan fracturar el sistema educativo impuesto por la dictadura.