España logra de la UE una política común contra la inmigración ilegal

Los líderes de la Unión Europea acordaron ayer en Bruselas lanzar el mensaje de que las oleadas de inmigrantes que llegan a las fronteras españolas huyendo en cayucos y pateras de la pobreza de África no son un asunto de exclusiva competencia de España que la UE pueda quitarse de encima con periódicas declaraciones de solidaridad hacia el Gobierno de este país. La inmigración constituye un problema estructural que afecta al conjunto de los socios comunitarios, y su solución precisa de respuestas globales e integrales que incluyan la ayuda al desarrollo de los países africanos. Esa es la tesis que los Veinticinco firmaron ayer en Bruselas tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en la que la inmigración, que España llevaba tratando de convertir en eje de los debates durante los últimos consejos europeos, acabó siendo uno de los temas estrella. «Europa se ha volcado por fin con la inmigración y va a redoblar esfuerzos para comprometerse con el futuro de África», aseguró ayer el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró tras la cumbre que los Veinticinco han sentado, por fin, «las bases de una política común en materia de inmigración». Ayuda total a Zapatero Dutante la rueda de prensa, Zapatero anunció que trece de los veinticuatro socios de la UE se han dirigido ya a la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para ofrecer ayuda a España en forma de equipos técnicos y hu-manos de apoyo para las labores de vigilancia aérea y marítima de fronteras, y para el auxilio a los inmigrantes procedentes del África subsahariana. «La UE se ha puesto al frente de la cooperación con África para conseguir que la inmigración sea un proceso razonable y con reglas», dijo el jefe del Ejecutivo español, quien destacó que Finlandia, que ocupará la presidencia de turno de la Unión a partir del próximo 1 de julio, se ha comprometido a tratar el tema como uno de las asuntos clave de su mandato. Además, tal y como estaba previsto desde el jueves, el Consejo aprobó un ambiguo compromiso que permite a la UE mantener su frustrada Constitución en el congelador durante un año más de lo previsto en el plazo de reflexión que se dieron tras los noes de Francia y Países Bajos. De esa forma, nadie sabrá qué pasará con el texto constitucional como muy pronto hasta finales del 2008. Lo que sí entrará en vigor en enero es la Agencia Europea de Derechos Humanos, que deberá fiscalizar el estricto cumplimiento de la legalidad en esa materia en un territorio que, pese a la polémica por los vuelos de la CIA, se jacta de ser un ejemplo de respeto a la democracia y al Estado de derecho. El Consejo Europeo acordó también activar un novedoso mecanismo financiero de eficacia todavía sin contrastar mediante el cual pretende enviar 100 millones de euros de ayuda urgente al pueblo palestino sin que ese dinero pase por manos del Gobierno de Hamás. El proyecto se basa en una propuesta para canalizar esos fondos a través de asociaciones sin ánimo de lucro y oenegés. El objetivo de la UE es dejar al Gobierno de Hamás sin capacidad financiera hasta que renuncie a la violencia y reconozca al Estado de Israel. Los líderes europeos urgieron a Irán a superar la crisis nuclear.