Diario de León

Estados Unidos la avivó al admitir que había usado prisiones fuera de su territorio

Presión en Europa para localizar los centros clandestinos de la CIA

Un eurodiputado ironiza con que Bush es el mejor testigo para declarar en la investigación

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efe | estrasburgo

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La confirmación de que EE.UU. ha utilizado prisiones secretas fuera de su territorio eleva la presión sobre los gobiernos europeos para que aclaren si han sido cómplices de esta práctica, señalaron ayer miembros de la comisión del Parlamento Europeo (PE) que investiga las actividades de la CIA. «Si fuese posible, invitaría al presidente George W. Bush a comparecer ante la comisión. El es ahora el mejor testigo», ironizó ayer el ponente de la comisión temporal, Giovanni Claudio Fava, aludiendo al hecho de que ha sido el propio mandatario estadounidense el que ha reconocido la existencia de estas cárceles. La comisión del PE, que empezó sus trabajos el pasado enero y concluirá a fines de año, emitió en julio unas conclusiones preliminares en las que da por sentado que EE.UU. «ha sido responsable directo del arresto, traslado, rapto o detención ilegal de sospechosos de terrorismo» dentro de la Unión Europea. Amparado en un informe que documenta hasta 1.080 escalas en aeropuertos europeos de vuelos sospechosos de ser operados por la agencia de inteligencia estadounidense, el PE concluía además que era «totalmente inverosímil» que algunos gobiernos europeos -citaba a Italia, Suecia y Bosnia-Herzegovina- no estuvieran al corriente. Pero las conclusiones preliminares no encontraban «evidencia o prueba alguna de la existencia de prisiones secretas en la UE». Tras las revelaciones de Bush, Fava cree que «ya no hay que preguntar más si existen los centros de detención clandestinos, sino en qué países y con la complicidad de qué gobiernos han sido creados, cuántos prisioneros albergaron y qué les ha pasado». La Casa Blanca no ha especificado dónde se encuentran los centros de detención secretos, ni precisado si alguno de ellos está en Europa, pero varios miembros de la comisión apuntaron hoy a Rumanía y Bulgaria, dos países acusados por la ONG Human Rights Watch. «Ahora es urgente que hablemos con las autoridades polacas y rumanas, y también con los gobiernos de otros Estados miembros, sobre todo el asunto», dijo el portavoz del grupo Socialista en la comisión temporal, el alemán Wolfgang Kreissl-Dorfler.

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