El Congreso desafía a Bush en el caso de los fiscales despedidos
En un abierto desafío a Geor-ge W. Bush, un subcomité de la Cámara de Representantes aprobó enviar citaciones al principal asesor político del presidente, Karl Rove, y otros altos funcionarios del Gobier-no para que testifiquen bajo juramento en la investigación sobre el despido de ocho fiscales federales, la última tormenta que azota a la Casa Blanca y que ha puesto en la cuerda floja al secretario de Justicia, Alberto Gonzales. Un pulso que promete enfriar las tensas relaciones entre el Congreso, controlado por los demócratas, y Bush, quien ya ha dejado claro que se opondrá por todos los medios -incluso ante los tribunales- a dejar que Rove, considerado el estratega y arquitecto de todas sus victorias electorales, y otros cercanos colaboradores como la ex asesora legal Harriet Miers, presten declaración en sesiones públicas y abiertas. El presidente había accedido a permitir que se reunieran con el comité investigador a puerta cerrada, sin que sus declaraciones pudieran ser transcritas y excluyendo la posibilidad de ser perseguidos de encontrarse alguna responsabilidad por su parte. Los demócratas rechazaron la oferta por insuficiente y prefirieron forzar el voto. El portavoz presidencial, Tony Snow, dijo que la intención de George W. Bush es evitar «el espectáculo mediático» que se montaría con Rove compareciendo ante las cámaras. Nueva votación Las espadas están de momento en alto, pues hasta que las citaciones no sean emitidas de forma oficial -lo que tiene en sus manos el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, John Conyers- la votación no representa todavía nada. Una similar esta prevista para hoy en el Senado, que también ha abierto una investigación sobre este escándalo. Los demócratas creen que este agresivo recurso es la única forma de conocer la verdad en todo este embrollo político en el que mientras el Gobierno defiende que los despidos se basaron en valoraciones profesionales de los fiscales, la oposición sostiene que fueron alejados de sus cargos por motivaciones partidistas. Según muestran numerosos correos electrónicos, la Casa Blanca urdió un plan en febrero del 2005 para despedir a los 93 fiscales federales (nombrados a dedo por el presidente) por no ser todo lo leales a los republicanos que el Gobierno quería. Finalmente, el pasado diciembre fueron despedidos ocho, algunos de los cuales han denunciado presiones por parte del Partido Republicano para que lanzaran investigaciones contra oponentes demócratas, a lo que se negaron. «La Casa Blanca tiene una mentalidad de búnker, no escuchará ni cambiará de postura. Creo que falta mucho por conocer y es nuestra tarea airearlo», dijo la senadora demócrata Dianne Feinstein.