Diario de León

El jefe del Pentágono intentó que el presidente clausurara Guantánamo

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Óscar Santamaría - corresponsal | nueva york
León

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Nada más asumir su cargo, el secretario de Defensa, Robert Gates, intentó convencer al presidente George W. Bush de la necesidad de cerrar Guantánamo al entender que mantener abierto el centro de detención «mancha» la imagen de Estados Unidos en el mundo y arroja dudas sobre la legitimidad de los juicios militares especiales. Según publicó ayer The New York Times, que citó fuentes anónimas del Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia de Seguridad Nacional, los esfuerzos de Gates duraron apenas tres meses, hasta que Bush zanjó la cuestión y dio la razón al vicepresidente Dick Cheney y al fiscal general, Alberto Gonzales, enfrentados con el recién llegado y partidarios de mantener Guantánamo en funcionamiento. De nada sirvió que Condoleezza Rice estuviera de parte de Gates. Aunque el propio Bush ha declarado en varias ocasiones su «deseo» de cerrar el centro de detención, su portavoz Tony Snow dejó claro al pronunciarse sobre el artículo del Times que actualmente no se dan las condiciones para ello. La intención del sustituto de Donald Rumsfeld era, al menos, fijar un «plan de acción específico» para dar los pasos encaminados a ello. Su idea era trasladar a todos los presos, alrededor de 385 incluidos 14 de «gran valor» transferidos desde las prisiones secretas de la CIA, a suelo estadounidense para ser juzgados allí, lo que conllevaría dotarles de mayores garantías judiciales. Sin embargo, un funcionario consultado por el Times dijo que el asunto podría resurgir de nuevo si Gonzales se viera forzado a dimitir por el escándalo de los fiscales despedidos. Hasta el momento, Estados Unidos ha expresado su intención de llevar a juicio entre sesenta y ochenta de los retenidos en Guantánamo, entre ellos los catorce supuestos altos dirigentes terroristas. La Casa Blanca admitió que es probable que Guantánamo permanezca abierto durante todo lo que resta del mandato de Bush, que expira en enero de 2009, debido al tiempo que llevará completar los juicios. Según el portavoz presidencial, Tony Snow, es

antes que tome posesión el presidente que suceda al actual
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