España lidera el grupo de veintidós países que apoyan la Constitución
Sarkozy intentará que Zapatero acepte su minitratado de la UE
Fiebre diplomática para llegar con garantías de acuerdo a la cumbre comunitaria de junio
Sarkozy, ayer con alumnos de la escuela de Agricultura en Yvetot
España se ha convertido en la cabeza visible del grupo de veintidós países de la UE que defienden el espíritu de la Constitución europea, y esa condición la obligará a trabajar a destajo de aquí al próximo 21 de junio. Ese día comienza en Bruselas la cumbre de líderes comunitarios que deberá sacar a la Unión del atasco en la que la sumió el no de Países Bajos y Francia al texto constitucional, y los Veintisiete pretenden llegar a la cita con ciertas garantías de acuerdo. Esta semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá a los líderes de dos de los dos países más problemáticos: el primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, quien acude hoy a La Moncloa, y el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien viajará mañana a Madrid y que ya ha explicado sus propuestas a la canciller alemana, Ángela Mérkel; al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso, y al primer ministro italiano, Romano Prodi. Sarkozy quiere un texto reducido de no más de cien artículos -el actual tiene 448-, un minitratado con menos contenidos que no vaya encabezado por el título Constitución, y que no le obligue a arriesgarse a convocar un nuevo referendo. La idea de España, el primer país cuya población votó a favor de la Constitución, es negociar sólo aquellos temas concretos que despiertan suspicacias en los cinco países que la rechazan -además de Francia y Países Bajos, Reino Unido, la República Checa y Polonia-, y dar el resto por aprobado. Según fuentes del Gobierno, Zapatero está dispuesto a aceptar que el nuevo texto no tenga carácter constitucional, que se eliminen las referencias a los símbolos de la UE -la bandera, el euro, el himno-, que no se legalice la primacía del derecho comunitario sobre el nacional y que el cargo del portavoz de la Unión en asuntos exteriores, Javier Solana, no lleve el título de ministro. Pero no aceptará preceptos que den capacidad a los parlamentos nacionales para vetar propuestas de la Comisión, ni que se modifique el sistema de doble mayoría para la toma de decisiones.